Madrid. R. C./G. A.
El pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó el pasado 29 de junio por unanimidad (50 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones) el informe previo del anteproyecto de ley de Formación Profesional, emitido por la comisión permanente. En este organismo están representados todos los sectores del mundo educativo, desde la administración del Estado a los profesores de la enseñanza pública y privada, y también los padres, alumnos, organizaciones sindicales y patronales. Todas las organizaciones han manifestado la necesidad de regular estas enseñanzas con una nueva normativa legal, aunque también han planteado numerosas enmiendas. Las aprobadas por el pleno servirán para la elaboración del dictamen del Consejo, que se emitirá próximamente.
Esta es la primera vez que las enseñanzas de Formación Profesional se regularán con una norma que tendrá rango de ley orgánica. Con ella, los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Trabajo y Asuntos Sociales, pretenden que la FP se adapte a "las cambiantes demandas del mercado laboral, facilitando una formación dirigida al empleo y posibilitando la formación a lo largo de toda la vida".
El proyecto elevará a rango de ley lo establecido en el II Programa Nacional de FP aprobado en marzo de 1998. Así, el nuevo sistema de Formación Profesional integrará la formación reglada, la continua y la ocupacional, a través del Sistema Nacional de las Cualificaciones. Además, las titulaciones españolas se homologarán a las existentes en la Unión Europea, facilitando la movilidad de estudiantes y trabajadores.
Sin embargo, la CEAPA ha pedido la "revisión total" de este anteproyecto, por considerar que "no es justificable que una ley básica para el sistema educativo se tramite con carácter de urgencia, y sin la correspondiente memoria económica". También considera que es una ley "centralista, ambigua, y no garantiza una FP pública y de calidad". El Sindicato de Estudiantes y los STEs también han plantean la devolución del texto al MECD, porque "no cumple los objetivos marcados en el II Programa Nacional de FP", supone un "claro intento de privatizar" estas enseñanzas y promueve la "segregación de la FP inicial/reglada del sistema educativo público, subordinándola a los intereses del empresariado".

Dictamen del CES

Por otra parte, el Consejo Económico y Social (CES) ha valorado positivamente el anteproyecto de ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones. En su dictamen, apoya la creación del Sistema Nacional de FP, ya que "su puesta en práctica deberá propiciar un acercamiento entre el sistema productivo y el formativo, mejorando la cualificación y empleabilidad de los trabajadores, a través del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales que instaura".
Este órgano consultivo afirma que la integración de los tres subsistemas de FP supondrá la racionalización de la oferta formativa existente en la actualidad y, además, aportará una mayor coherencia a la acreditación de los itinerarios formativos individuales.
Siguiendo las directrices de la UE, por primera vez, se reconocen las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencias laboral o de vías no formales y se establece un procedimiento para su acreditación.

Desarrollo reglamentario

Sin embargo, el CES advierte sobre la importancia del futuro desarrollo reglamentario de la ley y puntualiza que "la efectividad del Sistema de FP dependerá, en buena medida, del acierto en la regulación de sus aspectos concretos".
La Comisión de Trabajo, Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura, presidida por Mª Jesús Vilches, consejera del Grupo I por CCOO, analizó el anteproyecto, que ha sido aprobado en el Pleno del Consejo con un voto particular por parte de UGT.
El MECD había remitido al CES el anteproyecto que consta de exposición de motivos; 17 artículos estructurados en cinco títulos; 5 disposiciones adicionales y 2 finales. El texto no va acompañado de memoria justificativa ni económica y, a juicio de este órgano consultivo, la ausencias de estos documentos dificulta su tarea valorativa.

Tres subsistemas

La ordenación de este nuevo modelo responde al diseño ya definido en el II Programa de Formación Profesional 1998-2002, basado en la integración de los tres subsistemas: FP reglada, ocupacional y continua; y en la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones.
La consideración de la FP como inversión en capital humano, su integración con las políticas de empleo comunitarias y la participación de la administración central, agentes sociales y comunidades autónomas en el Consejo General de la Formación Profesional son aspectos destacados de esta nueva normativa.
Asimismo, contempla la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones, que incluirá la elaboración de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales homologable en la UE, que comprenderá los patrones de competencias requeridas por el sistema productivo.

Centros integrados

En relación al apartado 4 del artículo 11, el CES propone que se clarifique la formación continua dentro de las actuaciones de los Centros Integrados de FP, por la importancia de esta formación y la relevancia que el anteproyecto otorga al aprendizaje a lo largo de la vida.
Con la integración de los tres subsistemas, la gestión de los centros adquiere complejidad y, según el CES, se deberá intensificar la relación con el entorno económico, social y empresarial.
Respecto al artículo 12, el dictamen sugiere que se debe incidir en el diseño de acciones para potenciar el acceso a la formación de personas y colectivos desfavorecidos, con el fin de facilitar su integración social y laboral.
Otra de las novedades que recoge la nueva norma alude, en su artículo 15, a la información y orientación profesional. El CES apoya que las administraciones públicas pongan a disposición de los interlocutores sociales información sobre el sistema que sirva de referente orientativo a la negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía de las partes.
Tras pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Escolar del Estado, el texto del anteproyecto será remitido al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de Ministros para su aprobación. Y después del verano iniciará el trámite parlamentario.