Polémica por los conciertos educativos en Madrid

La Plataforma por la escuela pública y la Mesa de la enseñanza concertada piden a la CAM más dotaciones económicas para sus respectivos sectores

Las organizaciones de la escuela pública y de la enseñanza subvencionada han planteado reivindicaciones enfrentadas, ante las previsiones de concesión de conciertos Madrid. Las primeras piden 30.000 millones para "paliar las carencias" del sector público, mientras que los centros concertados dicen estar discriminados y piden más recursos económicos.

Madrid. G. A.
La "Plataforma por la escuela pública" de Madrid ha organizado diversas movilizaciones en defensa del sector en esta comunidad autónoma, que culminaron el pasado 31 de mayo con una manifestación por el centro de la capital en la que participaron 15.000 personas según los convocantes, y sólo 3.000 según fuentes municipales. Esta plataforma está constituida por la federación de padres "Giner de los Ríos", integrada en la CEAPA, el Sindicato de Estudiantes, los Movimientos de renovación Pedagógica, las federaciones de enseñanza madrileñas de CC.OO y UGT, y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), que forma parte de la Confederación de STEs. Y ha contado con el apoyo de las organizaciones madrileñas del PSOE e IU, y los alcaldes de una veintena de municipios, entre ellos los de Getafe, Móstoles y Leganés.
Todos ellos reclaman un plan de choque de al menos 30.000 millones en infraestructuras, "para paliar las carencias de la escuela pública y evitar el 35% de fracaso escolar que padece actualmente". Denuncian que faltan 5.000 plazas en ciclos de FP, que 18.000 alumnos de primer ciclo de la ESO están escolarizados todavía en colegios en vez de en institutos, y que hay una escasez notable de plazas públicas en Educación Infantil. Y consideran que "la enseñanza gestionada por las administraciones no obedece a intereses económicos o de mercado, y es la única capaz de garantizar una educación de integración y solidaria".
Por todo ello, piden que se paralicen las nuevas subvenciones a la enseñanza privada, "hasta que no se desarrollen mecanismos de control social que supervisen el funcionamiento de los centros concertados". Y reclaman una nueva normativa de escolarización para la Comunidad de Madrid, "para evitar que los centros públicos se queden como subsidiarios de los escolares más desfavorecidos y se conviertan en auténticos guetos, mientras que los privados seleccionan a sus alumnos".

"Reducción significativa"

Por contra, los responsables de la "Mesa de la escuela concertada" de Madrid han contestado con una rueda de prensa, en la que han mostrado su preocupación por una resolución provisional de la Consejería de Educación que, en su opinión, "implica una reducción significativa de conciertos educativos, con una pérdida importante en FP y en unidades de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales, y frustra las expectativas de crecimiento en Educación Infantil". Este colectivo está formado por la FERE, las patronales ANCEE, Educación y Gestión y FACEPM, la CONCAPA, la unión de cooperativas UCETAM, los sindicatos FSIE y USO, y la organización estudiantil SILES-CES.
Dichas organizaciones afirman que está previsto renovar el concierto a 8.711 aulas de las 8.827 que han estado subvencionadas este curso, lo que supone una pérdida de 116 unidades, mientras que el acceso a nuevos conciertos sólo alcanzará a 300 unidades de Educación Infantil, en vez de las 400 solicitadas. Y manifiestan su "inquietud por el tratamiento económico de que son objeto los conciertos educativos, que sigue implicando un agravio comparativo respecto de la asignación presupuestaria asignada a la escuela pública".
En este sentido, añaden que la Comunidad de Madrid sólo emplea en la enseñanza concertada un 15% del presupuesto que destina a educación, lo que se plasma "en una situación de déficits en las subvenciones destinadas al mantenimiento de estos centros, a una dotación muy inferior del profesorado, a una ausencia total de financiación para construcciones, reformas o equipamientos, a una insuficiente financiación para la dirección de los centros, etc". Y dicen que "es fundamental que se generalice cuanto antes la gratuidad real en la Educación Infantil, para atender a una demanda, a una realidad ya existente".

 

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