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Madrid.
El secretario
de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel,
anunció el pasado día 21, tras la reunión de la Comisión
de Coordinación y Planificación del Consejo de Universidades,
que integra a los responsables de educación superior de las Comunidades
Autónomas, que "el calendario de debate en el Consejo de Universidades
está pendiente de convocatoria", y explicó que esta
decisión responde a que "el Ministerio no quiere cortar la
palabra a nadie y está en disposición de flexibilizar la
fecha de reunión del Pleno, prevista para el día 30 de mayo,
ante el sentimiento de la comunidad universitaria y como forma de materializar
su voluntad de diálogo".
Iglesias de
Ussel precisó que el MECD está dispuesto a retrasar la celebración
del Pleno del Consejo de Universidades, "pendiente de convocatoria",
hasta "permitir finalizar los procesos de análisis institucionales".
Tanto el PSOE
como los rectores habían solicitado la ampliación del calendario
de análisis y debate del anteproyecto de Ley de Universidades,
calendario que, recordó el secretario de Estado de Educación
y Universidades en su comparecencia ante la prensa, "fue aprobado
sin ningún voto en contra en el Pleno del Consejo de Universidades
celebrado el pasado mes de abril".
El pasado martes,
día 22, tras la celebración de la Asamblea General de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
su presidente y rector de la Universidad Politécnica de Madrid,
Saturnino de la Plaza, hizo público el texto del acuerdo alcanzado
en la Asamblea respecto al anteproyecto de la nueva Ley Orgánica
de Universidades, y anunció la celebración de una nueva
Asamblea para el día 30 de mayo y la presentación de una
alternativa al anteproyecto, que centrará las propuestas en dos
aspectos clave: la estructura de gobierno de las universidades y el Profesorado.
Tras la celebración
de la Asamblea General de la CRUE, tanto el MECD como la propia CRUE confirmaron
la apertura de un marco de diálogo, una vez la Asamblea de la CRUE
perfile y detalle la alternativa en los aspectos citados al anteproyecto
de Ley de Universidades.
Tras las conversaciones
entre representantes de los rectores y el MECD, las propuestas de acuerdo
que puedan surgir se trasladarán al Consejo de Universidades, que
celebrará una reunión plenaria en fecha no precisa del mes
de junio y elevará el preceptivo dictamen, de carácter no
vinculante, en relación con el anteproyecto de Ley.
Texto
crítico de la CRUE
En
el texto acordado por la Asamblea General de la CRUE en la reunión
mantenida el pasado día 21 se especifica que "el anteproyecto
se caracteriza por un reglamento desigual y excesivo, y define un marco
rígido y uniformista, incompatible con la diversidad deseable para
nuestro sistema universitario, una diversidad que es básica para
garantizar la mejora de la calidad, una mayor eficiencia de nuestras instituciones
universitarias y su incorporación real al espacio europeo de la
enseñanza superior".
Asimismo, en
el acuerdo se precisa que "el reparto de responsabilidades entre
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas
y Universidades no se corresponde tampoco con la realidad competencial
actual, apunta una visible desconfianza hacia la Universidad pública
e impide avanzar hacia la modernización universitaria".
Respecto a
la organización y estructura de gobierno de las universidades y
sus órganos, en el texto elaborado por la Asamblea General de la
CRUE se señala que el contenido del anteproyecto en este ámbito
"afecta seriamente a la autonomía que nuestra Constitución
reconoce a las Universidades, autonomía que es imprescindible para
garantizar un servicio público de la enseñanza superior
de calidad que atienda al interés general", y se añade
que "además, no distingue con claridad dirección, gestión,
representación y control; es complicada y confusa".
Asimismo, en
relación con el Profesorado, en el texto aprobado por la CRUE se
indica que "la carrera académica aparece también seriamente
perjudicada, confusa, desorganizada y fragmentada", y se concluye
que "el sistema de selección del profesorado es notablemente
mejorable; establece barrera difícilmente franqueables para la
incorporación de profesores de otros países y se fundamenta
en un sistema de pseudohabilitación –en realidad se trata de un
examen único de ámbito estatal- que debería someterse
a una profunda revisión".
Voluntad
de diálogo
La
ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, en
declaraciones efectuadas en Barcelona el día 22, tras el acto de
entrega de los Premios Europa Nostra, recogidas por Europa Press, afirmó
respecto al texto acordado por la CRUE y las críticas señaladas
en él respecto al anteproyecto de la nueva Ley de Universidades
que "no se corresponden con el contenido de la ley", y negó
que "quiera hacer una Universidad uniformista, rígida y que
cercena un poco la autonomía universitaria".
Pilar del Castillo
retó a los rectores a que justifiquen "en qué medida
se deduce eso del anteproyecto", e insistió en que "el
debate debe producirse ahora, porque ahora es el momento de tirar adelante
la ley".
"Hay tiempo
más que suficiente para debatir", precisó la ministra,
quien asimismo expresó su voluntad de establecer un diálogo
abierto con los rectores.
Pilar del Castillo
señaló asimismo su intención de que el Consejo de
Ministros apruebe el anteproyecto antes del verano, para emprender su
preceptiva tramitación en el Parlamento a partir de septiembre.
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