Supresión de la selectividad, inclusión de una prueba de habilitación en el acceso a la carrera docente y reforma de los órganos de gobierno, puntos centrales de la nueva normativa

La ministra de Educación, Cultura y Deporte presidió la reunión
del Pleno del Consejo de Universidades. (Foto: Rafael Martínez)

Pilar del Castillo expone las líneas básicas de la Ley de Universidades

La ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, expuso ante el Pleno del Consejo de Universidades, en sesión celebrada en Madrid el pasado día 19, las líneas básicas del anteproyecto de Ley de Universidades, que contempla
la supresión de la selectividad, la inclusión de una prueba de habilitación de carácter general para el acceso a la carrera docente, la reforma de los órganos de gobierno y la creación de una Agencia de Evaluación y Acreditación.

Madrid.
Pilar del Castillo, que anunció el envío del texto del anteproyecto de Ley de Universidades a los miembros del Pleno del Consejo de Universidades a la mayor brevedad posible, inició su intervención afirmando que "la elaboración de un nuevo marco normativo para la Universidad española, por su trascendencia, lleva consigo una especial responsabilidad para todos nosotros", y aseguró que "la elaboración de este anteproyecto de Ley no la entendemos como una oportunidad para que brille un Gobierno, la entendemos, más bien, como la ocasión para que, entre todos, situemos al sistema universitario a la altura de lo que necesita y demanda la sociedad".
Tras aludir a los "frecuentes contactos" con la comunidad universitaria, rectores, responsables educativos de las Comunidades Autónomas y agentes sociales y referirse a las aportaciones de los distintos informes sobre la Universidad española y los análisis comparados de los sistemas universitarios europeos y de otros países, la ministra de Educación resaltó que "la voluntad del Ministerio de Educación es abierta, constructiva y no excluyente; así ha afrontado la elaboración de un anteproyecto de Ley de Universidades flexible y no reglamentista, que permita a las universidades profundizar en su autonomía, y a las Administraciones educativas profundizar en sus competencias, para, entre todos, conseguir mejorar la calidad del sistema universitario, fin principal que persigue este anteproyecto".
"Pretendemos, en definitiva, -afirmó Pilar del Castillo- articular en esta nueva norma con rango de Ley los niveles competenciales de las universidades, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, a quien corresponde la responsabilidad de cohesionar y vertebrar el sistema universitario; el anteproyecto contempla un mayor autogobierno de las universidades y el incremento de los compromisos y responsabilidades de las Comunidades Autónomas".
La ministra de Educación, Cultura y Deporte aseguró que "el Gobierno ni quiere ni pretende hacer una norma contra nadie; tampoco contra otras normas, elaboradas por otros partidos políticos en circunstancias que no son las de ahora", y afirmó que "queremos elaborar esta Ley contando con todos ustedes; fortalecer el sistema universitario requiere asentar la normativa que lo regula en un marco de acuerdos básicos de la comunidad universitaria".

Retos de la Universidad y objetivos de la Ley

Tras hacer referencia a las "grandes transformaciones" sufridas por el sistema universitario español desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), hace 17 años, y señalar que "hoy todas las Comunidades Autónomas tienen al menos una universidad pública, la mayor parte de las localidades de más de 50.000 habitantes disponen de algún centro universitario, y el número de alumnos supera el millón y medio", Pilar del Castillo aludió a los nuevos retos sociales e instituciones a que se enfrenta el sistema universitario español, "por una parte, el nuevo espacio europeo de enseñanza superior, nacido tras la Declaración de Bolonia, que requiere un modelo universitario que, respetando la identidad de cada sistema nacional, facilite la movilidad y competitividad internacional de universidades, estudiantes, profesores e investigadores, y por otra, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, que ofrece instrumentos para innovar las formas de transmisión de la ciencia y reclama una mayor flexibilidad en las estructuras organizativas de la enseñanza para responder al dinamismo de la sociedad".
La ministra de Educación indicó a continuación los objetivos de la nueva Ley de Universidades: "En primer lugar, la mejora de la calidad; calidad del sistema, de la docencia, de la investigación y de la gestión", precisando al respecto que "la calidad es un objetivo irrenunciable de todo servicio público, y más aún, si cabe, de la Universidad".
"En segundo lugar, el anteproyecto propone establecer los mecanismos apropiados para potenciar la actividad investigadora de las universidades, que son responsables del 70% de la producción científica de nuestro país; precisamente por esta fortaleza, corresponde ahora potenciar la investigación básica y la investigación aplicada, para que éstas constituyan el motor del desarrollo de la sociedad".
"En tercer lugar, el anteproyecto se propone promover la incorporación de nuestro sistema universitario al espacio universitario europeo; este espacio se caracteriza por una mayor exigencia de compatibilidad, comparabilidad y transparencia de los sistemas de enseñanza superior, por la necesidad de adoptar un nuevo sistema europeo de créditos y por la promoción de la movilidad del profesorado".
El cuarto gran objetivo del anteproyecto, según explicó Pilar del Castillo, es "propiciar la movilidad de estudiantes y profesores dentro del sistema universitario español y del sistema universitario europeo; la movilidad es riqueza, creatividad, apertura de perspectivas e internacionalización".
"El nuevo marco normativo que estamos elaborando -concluyó la ministra- pretende, como objetivo final, crear las condiciones apropiadas para que los actores implicados, los auténticos protagonistas del cambio, profesores, alumnos y personal de administración y servicios, impulsen y desarrollen aquellas dinámicas positivas en pro de un sistema universitario mejor, más competitivo y de mayor calidad".

Órganos de Gobierno

La ministra de Educación, Cultura y Deporte, expuso a continuación las líneas generales que sustentan el anteproyecto de Ley de Universidades "en que estamos trabajando", refiriéndose en detalle a las cuestiones que "han suscitado un mayor debate".
"El gobierno de nuestras universidades -indicó la ministra- está necesitando de equipos profesionales que sean capaces de marcar objetivos ambiciosos y en consonancia con los retos que las instituciones de educación superior tienen hoy planteados; equipos que puedan llevar a cabo líneas programáticas y estratégicas, aceptadas por la comunidad universitaria, y equipos que puedan realizar su gestión con la agilidad y eficacia que reclama la sociedad actual. En este sentido, nuestra línea de trabajo está presidida por la necesidad de distinguir con claridad los órganos de dirección y de gestión de los órganos de representación y de control".
"En esencia, el gobierno de la Universidad -explicó Pilar del Castillo- corresponderá a un Consejo de Gobierno, presidido por el Rector, quien con su Consejo de Dirección llevará la dirección y gestión ordinaria; la representación y control serán ejercidos por el Claustro, el Consejo Social y una Junta Consultiva".
Al Consejo de Gobierno, según explicó la ministra, le corresponderán aspectos tan fundamentales como la aprobación de las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad en lo que se refiere a recursos humanos, investigación, organización de las enseñanzas, recursos económicos y elaboración de los presupuestos. Este órgano estará presidido por el Rector, y en sus dos terceras partes estará compuesto por miembros de la comunidad universitaria.
"En cuanto al Rector -precisó Pilar del Castillo-, pieza maestra sobre la que reside gran parte de la responsabilidad del éxito o fracaso de las universidades, nos hemos hecho eco de la necesidad, manifestada de manera prácticamente unánime, de reforzar esta figura, y de apostar claramente por una nueva forma de gestionar y gobernar la universidad. Para ello se hace necesario redefinir sus competencias y las de su equipo de gobierno. Por eso, de acuerdo con el anteproyecto de Ley, el Rector será elegido por la comunidad universitaria mediante sufragio universal, libre y secreto, con una ponderación de voto que represente adecuadamente a los distintos sectores; les adelanto que consideramos conveniente que, en todo caso, esa ponderación otorgue un valor mayoritario al voto de los profesores funcionarios doctores.
Proponemos también que, para un mejor desarrollo de las funciones que se encomiendan al equipo de gobierno, la universidad cuente con una Junta Consultiva de carácter orgánico; estará presidida por el Rector y constituida, en los términos que establezcan los Estatutos de las Universidades, por Decanos y Directores de Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos universitarios.
En la propuesta del anteproyecto de Ley, el Consejo Social, "en los términos que decidan las Comunidades Autónomas", continuará siendo el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, mantedrá la representación de la comunidad universitaria que ya posee y aprobará el presupuesto. Con el fin de que "la sociedad participe de forma activa en la definición de los objetivos estratégicos de la Universidad", en el anteproyecto de Ley se propone que el Consejo Social tenga presencia en el Consejo de Gobierno, que quedaría así constituido por un tercio designado por el Rector, un tercio elegido por el Claustro, y un tercio elegido por el Consejo Social entre sus miembros no académicos, una fórmula que, según explicó la ministra, "subrayando el principio de autonomía universitaria, permite la participación de la sociedad en un esquema de colaboración mutua".
En cuanto a los órganos de representación, el más importante de todos ellos será el Claustro, presidido por el Rector. Al Claustro le corresponderá la elaboración de los Estatutos, y ejercerá las funciones de propuesta, asesoramiento y seguimiento que éstos le encomienden; tendrá una composición mayoritaria de profesores funcionarios y elegirá a un tercio del Consejo de Gobierno.
Además, las universidades, en el marco de sus Estatutos, podrán constituir otros órganos que consideran adecuados a sus objetivos.

Profesorado

En relación con el Profesorado, Pilar del Castillo, tras señalar que "el actual sistema de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes ha sido objeto de múltiples debates" y apuntar que "nuestra propuesta se basa en un sistema abierto que fomente la competitividad y la calidad, y que refuerce la autonomía de las universidades en la selección de su personal", explicó que "con este fin, se establece una prueba, a la que concurrirán los distintos candidatos, que serán evaluados por una Comisión compuesta por siete miembros, elegidos por sorteo entre aquellos que forman parte de los cuerpos docentes". Esta prueba se podrá celebrar en cualquier universidad, y los candidatos que la superen quedarán habilitados para participar en los concursos de acceso que convoquen las universidades con objeto de cubrir las plazas de cuerpos docentes que ellas mismas hubieran programado.
Este sistema de habilitación, según expuso la ministra, "refuerza la autonomía de las universidades, pues son éstas las que, con los procedimientos que ellas establezcan, seleccionarán a sus profesores de acuerdo con sus programas, necesidades e intereses, y refuerza también la calidad, pues las universidades elegirán entre aquellos que hubieran sido habilitados por un procedimiento transparente y competitivo". Según la propuesta, quienes pertenecen ya a los cuerpos docentes podrán concurrir a los concursos de acceso, lo que favorecerá la movilidad entre universidades.
El anteproyecto de Ley incluye, además, los mecanismos necesarios para evitar desajustes que se pudieran producir entre el número de habilitados y el número de plazas convocadas por las universidades.
Pilar del Castillo se refirió asimismo al interés de "establecer una carrera equilibrada y coherente, introduciendo los incentivos y niveles para la promoción de los funcionarios docentes", y explicó que esos mecanismos de estímulo podrán ser promovidos tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas, "de manera que se fomente una positiva y legítima competencia que se traduzca, finalmente, en una mejora de la calidad docente e investigadora".
Respecto a la composición del Profesorado, la ministra explicó que se pretende un adecuado equilibrio entre los funcionarios públicos docentes, "base del sistema y que aportan la esencial estabilidad al mismo", y el profesorado contratado, "que proporciona, por su parte, la flexibilidad que es necesaria para responder a nuevas necesidades que se deriven de la actividad universitaria". En todo caso, según la propuesta, el porcentaje de profesores funcionarios deberá ser siempre superior al de profesores contratados.
Otra novedad recogida en el anteproyecto de Ley de Universidades, según expuso Pilar del Castillo, será que "las Comunidades Autónomas tendrán la competencia para regular las distintas figuras de profesor contratado que prevé el anteproyecto de Ley; la norma garantizará, en las figuras contractuales, la necesaria armonía entre las funciones docente e investigadora que conforman la esencia del profesor universitario".
Las dos primeras figuras previstas hacen referencia al inicio de la carrera académica: la figura del profesor ayudante, contratado por un máximo de cuatro años entre aquellos que ya hubieran cursado los créditos de doctorado, tendrá como finalidad principal la de completar la formación científica del futuro profesor; y la figura del profesor ayudante doctor, contratado también por un máximo de cuatro años, está prevista para el desarrollo de tareas docentes e investigadoras. Con el fin de propiciar al máximo la movilidad, una universidad no podrá contratar a aquellos que, en los dos últimos años, hubieran estado vinculados a ésta, contractual o estatutariamente.
Por otra parte, según expuso la ministra, se crea la figura del profesor contratado doctor, que desarrollará tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación. Esta figura, llamada a tener una especial relevancia en el contexto universitario, estará reservada a los doctores que acrediten al menos dos años de actividad postdoctoral docente e investigadora, o prioritariamente investigadora, y hayan recibido una evaluación externa positiva.
Asimismo, para atender especiales necesidades docentes, el anteproyecto de Ley contempla la contratación temporal, a tiempo parcial, del profesor asociado.

Sistema de acceso del alumnado

Respecto al sistema de acceso a la Universidad, Pilar del Castillo afirmó que "se suprimirá la selectividad". Cada universidad, explicó la ministra, "podrá establecer los procedimientos de admisión de alumnos que estime oportunos, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad, y, en todo caso, se tendrá en cuenta la normativa básica que a este efecto establezca el Gobierno".
Posteriormente, en su comparecencia ante los medios de comunicación, Pilar del Castillo aseguró que la supresión de la selectividad no será efectiva al menos en los próximos dos años.
En referencia a las enseñanzas, éstas se organizarán manteniendo la manera transitoria la situación actual, con la posibilidad de modificarla en función de la futura evolución hacia la armonización europea en el ámbito de la enseñanza superior.
Sobre la creación de centros, el anteproyecto de Ley introduce el concepto de "extraterritorialidad", mediante el cual las Comunidades Autónomas podrán autorizar a las universidades de su competencia a establecer centros en el territorio de otras Comunidades Autónomas, siempre que éstas también lo autoricen.
Respecto a las universidades privadas, la nueva Ley establecerá los requisitos para que el principio de autonomía universitaria alcance en ellas su verdadera dimensión, "estando concernidas por los principios constitucionales y con garantía efectiva del principio de libertad académica manifestada en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio". Asimismo, explicó la ministra, "en función de la experiencia, consideramos necesario introducir requisitos para fomentar la calidad de las enseñanzas que estos centros ofrecen".
Con objeto de mejorar la calidad del sistema universitario, y puesto que "un instrumento básico para promover, impulsar y garantizar la calidad es la evaluación y acreditación", se establecerá, en coordinación con las Comunidades Autónomas y en línea con las recomendaciones de la Declaración de Bolonia, una Agencia de Evaluación y Acreditación para promover y garantizar la calidad. Esta Agencia, significó la ministra, "permitirá introducir elementos de innovación, competitividad y mejora en las universidades y, de manera transparente, conferirá vigor y credibilidad al sistema universitario".

Investigación

La investigación, según afirmó Pilar del Castillo en su exposición, "constituye un objetivo nuclear de este anteproyecto de Ley". Tras referirse al auge de la sociedad de la información, al fenómeno de la globalización y al progreso en todos los ámbitos derivados de la actividad científico-técnica están transformando los modos de acceder al conocimiento, de organizar el aprendizaje y de proveer servicios, la ministra afirmó que "en este contexto, la Universidad tiene que situarse a la cabeza del proceso de cambio, y es necesario, por tanto, reforzar la actividad investigadora en las universidades para configurar un modelo universitario que tenga como eje el conocimiento".
Finalmente, Pilar del Castillo hizo referencia al Consejo de Universidades, que pasará a denominarse Consejo de Coordinación Universitaria, "ya que recoge en su composición y funciones la necesaria coordinación de competencias de las universidades, de las Comunidades Autónomas y del Estado". El Consejo de Universidades, explicó la ministra, "será reformado para cumplir, con la mayor eficacia, sus funciones de máximo órgano consultivo, de asesoramiento y propuesta, así como de coordinación del sistema universitario".

 

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