Madrid. R.C.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado unos premios, dirigidos a centros docentes que desarrollen programas sobre compensación de desigualdades en educación. Según la convocatoria, se consideran actuaciones de compensación educativa las que desarrollan los centros que escolarizan grupos significativos de alumnos en situación de desventaja en su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo; así como, tendrán prioridad los que acojan un número importante de escolares pertenecientes a minorías étnicas o culturales en situaciones de desventaja social.
Podrán acceder a estos galardones, los centros sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas regladas no universitarias.
El premio consta de tres modalidades: A) corresponde a los centros públicos de Educación Infantil y Primaria; B) a los centros públicos que impartan ESO, Bachillerato, Formación Profesional Específica y Educación de Personas Adultas; y C) a los centros concertados de niveles no universitarios.
Dentro de cada modalidad se otorgarán tres premios. El primero está dotado con 6 millones de pesetas; la cuantía del segundo es de 4 millones de pesetas; y el ganador del tercero percibirá 2.500.000 pesetas.
Los candidatos deberán desarrollar, en el ámbito de la compensación educativa interna, programas de adaptación y diversificación curricular, de flexibilización organizativa, actividades de acogida e integración y experiencias sobre de socialización del alumnado. Por lo que se refiere a la compensación educativa externa, se podrán presentar proyectos para el acercamiento de los padres a los centros, de orientación y formación familiar de escolarización, seguimiento y control del absentismo y socioeducativos de educación no formal.
Los centros aspirantes remitirán su inscripción a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del MECD, antes del próximo 15 de mayo. Posteriormente, elaborarán una memoria descriptiva de su funcionamiento, que enviarán a la citada Dirección General antes del 30 de julio del presente año.

Madrid. En breve el Consejo de Ministros aprobará los nuevos currículos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato que ha elaborado el MECD para su aplicación en los territorios en los que mantiene competencias: Ceuta y Melilla y los centros en el exterior.
Estos currículos, regulados mediante Reales Decretos, han sido enviados a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas con carácter informativo. Su elaboración se ha llevado a cabo de acuerdo al artículo 4 de la LOGSE, el cual establece que las administraciones educativas competentes completarán, a partir de las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno, el currículo de todos los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. Por ello, el MECD ha elaborado el 100% de los currículos correspondientes a su territorio de gestión.
Para el establecimiento de estos currículos se han tenido en cuenta las pautas marcadas por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre. Esta nueva normativa ha reforzado el estudio de las materias instrumentales, en particular Lengua y Matemáticas, así como de las Humanidades, Ciencias y Nuevas Tecnologías. El MECD elaboró los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas con el objetivo de incrementar la calidad de la educación, ofrecer una formación integral que prepare a los estudiantes para la sociedad del conocimiento del siglo XXI y garantizar un tronco común de conocimientos en el sistema educativo español.

El PP pide que prorrogue la jubilación anticipada para los docentes

Madrid.- El Grupo parlamentario Popular presentó el 16 de abril una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno para que prorrogue el sistema de jubilación anticipada voluntaria para el profesorado que establece la LOGSE. Para ello, el Pleno de dicha cámara debatirá la posibilidad de prorrogar la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la LOGSE por un período de ocho años, a partir del 4 de octubre de 2002.
Dicha normativa establecía un sistema de jubilación anticipada para funcionarios de cuerpos docentes no universitarios, al que los interesados podían optar de forma voluntaria durante el período comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclusive. Dicho período se prolongó a raíz de la aprobación de la LOPEG en 1995. Últimamente, los sindicatos de la enseñanza pública han solicitado reiteradamente una nueva prórroga.
El PP ha accedido a dichas peticiones al considerar que la aprobación de la LOGSE en 1990 supuso "la puesta en marcha de una reforma de gran calado, que conllevaba la necesidad de una renovación y adaptación de la organización y la función educativa en general, así como de los docentes en particular". Y también por creer que el régimen de jubilación voluntaria ha facilitado aquel proceso de reforma, y ha permitido una renovación de los cuadros docentes, "cuya necesidad de adaptación es constante y cuyas condiciones de trabajo son complejas y de gran repercusión social".

La CEAPA exige "transparencia" en el proceso de admisión de alumnos

Madrid.- La CEAPA ha difundido un comunicado en el que exige al Gobierno la derogación del vigente Real Decreto 377/1993, que regula la admisión de alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, y denuncia "las múltiples irregularidades que se producen en este proceso". En su opinión, entre los criterios prioritarios de admisión existe un punto a libre disposición del centro, y "la realidad está demostrando que este punto es utilizado en muchos casos de una manera perversa para seleccionar al alumnado, pues permite a los titulares de los colegios concertados seleccionar a los estudiantes sobre la base de criterios discriminatorios, como el rendimiento académico, su procedencia de otro centro privado o ser hijo de antiguos alumnos, entre otros".
Por ello, CEAPA exige "un riguroso control social del proceso de admisión de alumnos, con comisiones de escolarización por zonas que centralicen todas las solicitudes y asignen las plazas, impidiendo que sean los centros los que seleccionen a los alumnos". También propone que una vez abierto el proceso de escolarización no se conceda ningún nuevo concierto, pues "no es justo que los colegios puedan escolarizar con criterios selectivos propios de la privada y posteriormente reciban fondos públicos". Y pide "la máxima transparencia" en la negociación de los conciertos, y "la inmediata construcción de escuelas públicas infantiles o la habilitación, en su caso, de las aulas necesarias en los colegios públicos de Primaria", para atender a la demanda actual.
Por su parte, Educación y Gestión (EyG) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronales de la enseñanza privada y concertada, han abogado por modificar la normativa de admisión de alumnos, en el sentido de dar un punto a los centros para que establezcan otro tipo de elementos a valorar a la hora de aplicar los baremos a las solicitudes de entrada, tal y como ya ocurre en la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de EyG, Néstor Ferreira, señaló que este punto permitiría valorar la presencia de hemanos que fueron antiguos alumnos del centro, ya que para EyG "esto es lo más importante porque significa que la familia ha tomado una opción en la educación de sus hijos". Por su parte, el presidente de CECE, Félix Falcón, explicó que este punto, basado "en circunstancias objetivas y no caprichosas", serviría para exigir, entre otras cosas, "el respeto al ideario del centro", lo cual "es una garantía para los propios padres para saber dónde llevan a sus hijos".

Subvenciones para realizar actuaciones
de educación compensatoria

Madrid. La Secretaría de Estado de Educación y Universidades ha hecho pública una resolución por la que se convocan subvenciones a centros públicos y privados, así como otras asociaciones o instituciones, sin fines de lucro, destinadas a la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación.
Estas acciones deberán planificarse para su desarrollo en el curso 2001-02.El plazo de la presentación de las solicitudes será de treinta días naturales siguientes al de la publicación de esta resolución en el BOE (19-IV-01). Las solicitudes se ajustarán a la estructura del anexo que se publica junto al texto de la resolución. Y deberán ir firmadas por el representante legal de la institución, así como concretar la modalidad de la actuación en la que se presenta. Las distintas modalidades a las que hay que adecuarse están descritas en las bases primeras de la convocatoria.
El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que supere el costo de la actividad que deberá desarrollar el beneficiario, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes, ya sean estos públicos o privados, nacionales o internacionales.
Con este fin, las entidades solicitantes deberán especificar, como parte de la educación complementaria de la solicitud, si las acciones y proyectos que presentan a esta convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por parte de otras entidades públicas o privadas.