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Madrid.
El secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio
Iglesias de Ussel, y el director general de Universidades, Ismael Crespo,
informaron el pasado día 21 de marzo, en la sede del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, sobre las líneas generales
del proyecto de la nueva Ley de Universidades, del que aún no existe
borrador, y explicaron que con la nueva normativa se pretende dotar de
un nuevo diseño a la carrera docente e investigadora, aumentar
la calidad del sistema universitario, incrementar la movilidad de profesores
y alumnos y fomentar la inserción del sistema universitario español
en el espacio común europeo.
Iglesias de
Ussel señaló que la actual carrera docente universitaria
"peca de breve y mal incentivada", y explicó que el MECD
trabaja sobre la idea de alargar su duración "con unos tramos
de acceso y promoción claros". A este respecto, el director
general de Universidades, Ismael Crespo, precisó que se pretende
reforzar la figura del profesor ayudante, que podrá disponer de
más años para la realización de su tesis doctoral.
"Si se aumenta el tiempo de estancia de los ayudantes universitarios
-indicó Crespo- se les da más estabilidad y más tiempo
para hacer tesis de mayor calidad, y una vez que tengan el doctorado,
estos jóvenes podrían realizar una evaluación para
pasar a la figura de ayudante doctor, que también podría
ampliarse a tres o cuatro años, frente a los dos actuales".
Otras líneas
de trabajo en las que el MECD incide hacen referencia a la evaluación
de las universidades y de las titulaciones, con objeto de aumentar la
calidad del sistema; al propio sistema de acceso a la carrera docente,
y al incremento de la movilidad universitaria, tanto de alumnos como de
profesores.
Respeto
a la autonomía universitaria
La
ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, en
declaraciones efectuadas el pasado día 27 de marzo, afirmó
que la Ley de Universidades que prepara su departamento "no va a
cercenar en absoluto la autonomía de las universidades", y
confirmó que en la próxima reunión del Pleno del
Consejo de Universidades, a celebrar el día 19 del presente mes,
presentará las bases de esta nueva Ley.
La ministra
aseguró que "el Ministerio ha ido explicando cuáles
son las bases de la reforma en las intervenciones que he tenido en el
Parlamento y en otros foros", y recalcó que "se está
procediendo con transparencia, tranquilidad y serenidad, y, en último
término, dando respuesta a nuestro sistema educativo". En
este sentido, Pilar del Castillo precisó que "hemos tenido
conversaciones con distintos rectores y con la comisión directiva
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)",
y aseguró que "en el momento en que haya unos textos concretos
se procederá a hablar de la Ley sobre documentos concretos".
Respecto al
anteproyecto de ley de los Consejos Sociales de las Universidades de la
Generalitat Valenciana, Pilar del Castillo señaló que dicho
anteproyecto "no tiene por qué entrar en contradicción
con la normativa vigente (Ley de Reforma Universitaria) ni con lo que
diga la futura Ley de Universidades", y añadió que
"yo creo que no va a haber problemas en ese sentido".
Equilibrio
entre autonomía y responsabilidad social
Por
su parte, el presidente de la CRUE y rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, Saturnino de la Plaza, en declaraciones efectuadas el mismo
día, 27 de marzo, en el acto de presentación de la Convención
de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior que se celebra
en Salamanca, recogidas por la Agencia EFE, dijo que "esperamos que
la Ley de Universidades que prepara el Ministerio de Educación
no quiera cercenar la autonomía de los centros de enseñanza
superior", y afirmó que "compartimos el criterio de perfecto
equilibrio entre la autonomía universitaria y la responsabilidad
social de dar un servicio público, pero la discusión está
en cómo se quiere llevar ese equilibrio".
Según
explicó el presidente de la CRUE, para los rectores "un asunto
clave de la Ley es la forma de gobierno de las universidades", y
precisó el papel de los Consejos Sociales "es un punto crítico,
más que la forma de elección del rector, ya que la cuestión
es ver qué competencias se asignan".
Respecto al
anteproyecto de ley de Consejos Sociales de las universidades valencianas,
De la Plaza señaló que "no es la línea adecuada",
porque "no se deben propiciar leyes desde las Comunidades Autónomas
que mermen la autonomía", y añadió que "si
estos organismos tienen que autorizar convenios, contratos y el control
de gastos se puede paralizar el funcionamiento y la capacidad de autogestión
de las universidades".
Sobre el nuevo
diseño de la carrera docente e investigadora, previsto en la futura
Ley de Universidades, el presidente de la CRUE pidió "coordinación
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología",
y expresó su preocupación por la nueva convocatoria de contratos
por cinco años para 800 investigadores que prepara el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, señalando al respecto que "se
suscita el problema de que no haya renovación", y puntualizó
que "históricamente, ha dado mal resultado crear figuras legales
muy competitivas si luego no hay salida". Asimismo, De la Plaza mostró
su temor de que con la citada convocatoria "al final se beneficien
más los organismos públicos de investigación que
las universidades".
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