Pilar del Castillo preside el pleno
del Consejo General de Formación Profesional. (Foto: Magali Berenguer)

Una ley para modernizar
la Formación Profesional

Adaptar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, facilitar la movilidad y desarrollar la formación permanente son los objetivos del proyecto

Integrar la oferta formativa y fomentar el empleo y la movilidad laboral constituyen las líneas de actuación del nuevo sistema
de Formación profesional. Este proyecto de ley ha sido enviado al Congreso en los próximos meses para su debate parlamentario.

Madrid. ROSAURA CALLEJA
Pilar del Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deporte, presidió el pleno del Consejo General de Formación Profesional, en el que se abordaron la situación del II Programa Nacional de F.P. y las bases del proyecto de Ley de Formación Profesional.
Adaptar la formación a las demandas del mercado laboral, para lograr una mayor cualificación profesional y posibilitar la formación a lo largo de la vida son objetivos del proyecto de Ley de Formación Profesional, que se enviará al Congreso para su debate parlamentario.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con el de Trabajo de Asuntos Sociales, ha presentado ante el Consejo General de Formación Profesional un documento con las bases para la discusión y elaboración de la futura Ley de Formación Profesional. Tras su correspondiente debate parlamentario, esta normativa será la primera que regula estas enseñanzas, con carácter exclusivo.

Directiva europea

El proyecto recoge las consideraciones del II Programa Nacional de Formación Profesional -aprobado por el Gobierno en marzo de 1998 y consensuado con todos los agentes sociales- y las eleva a rango de ley. También, sigue la directiva europea 92/51, que establece las recomendaciones que deben seguir los Estados en las profesiones regladas. En la línea de esta directiva, los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales pretenden poner en marcha en Sistema de Formación Profesional actualizado y moderno.
Para ello, se vincularán las ofertas de formación con las necesidades del mercado de trabajo, con el fin de lograr una mayor cualificación de las personas, que favorezca la inserción laboral. Asimismo, se procurará la formación a lo largo de la vida, permitiendo al conjunto de la sociedad la adaptación continua a las oscilaciones del mercado de trabajo. Con esta ley, se ajustarán las titulaciones a las directivas europeas.

Cualificaciones profesionales

Esta normativa permitirá establecer un Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SNCP), que refleje en un catálogo los estándares de competencias que requiere el mercado de trabajo. Las cualificaciones se identificarán de la forma más adecuada posible a las necesidades de producción, se adaptarán a los cambios tecnológicos y sociales y tendrán un carácter extenso que propicie oportunidades de empleo.
En esta línea, el catálogo de cualificaciones será el referente para el diseño y establecimiento de contenidos de los títulos, certificados y certificados de competencia. Por ello, se propondrá un catálogo modular de formación, reglada o no reglada, y que impartirán las administraciones educativas y laborales, así como los agentes sociales.
Este marco legal, establecerá un procedimiento de reconocimiento y acreditación de la cualificación que posean los trabajadores, adquirida por vía formativa o por la experiencia, conforme a las acreditaciones a que hace referencia la citada Directiva 92/51. Las bases proponen, por tanto, una Formación Profesional homologable con Europa, con los que facilitará la movilidad.

Información y orientación

Otra de las características de este proyecto de Ley se concreta en un Sistema de Información y Orientación para que trabajadores, empleadores, alumnos y familias conozcan las cualificaciones que se requieren, así como los centros que imparten la formación correspondiente. Además, establecerá un sistema de evaluación y calidad externa, que facilitará la realización de los ajustes necesarios para mantener actualizada la eficiencia y credibilidad del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Con la puesta en marcha de esta nueva ley, se determinarán las competencias del Estado, de las administraciones autonómicas y de otros agentes sobre las políticas de Formación Profesional y de las Cualificaciones.
Por último, otra de las líneas de actuación se canaliza en desarrollar procesos de formación a lo largo de toda la vida, de manera que los trabajadores puedan recibir una permanente actualización de sus conocimientos y afrontar los cambios organizativos y técnicos que experimentan los sistemas de producción y las empresas.

Consejo General de Formación Profesional

Desde su creación en 1986, el Consejo General de Formación Profesional constituye un órgano consultivo y de participación institucional de las Administraciones públicas y también asesora al Gobierno en materia de Formación Profesional. Representantes de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales forman parte del Consejo, junto con miembros de las comunidades autónomas y de organizaciones empresariales y sindicales.
Entre otras funciones, el Consejo se ocupa de elaborar y proponer al Gobierno, para su aprobación, el Programa Nacional de FP y de controlar su ejecución y actualización. Además, informa de los proyectos de planes de estudios, títulos y especializaciones, así como de las certificaciones de profesionalidad en materia de FP ocupacional y, en su caso, su homologación académica o profesional. Por último, el Consejo propone acciones para mejorar la orientación profesional y evalúa las actuaciones que se desarrollen en esta materia.

 

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