La LOGSE mejora los resultados
en Primaria y se estanca en la ESO

Destacados expertos hacen balance de los diez años de la Reforma en
el Informe Educativo 2000

La mejora de resultados académicos en Primaria, la prolongación de la escolarización obligatoria a los 16 años, el aumento de la plantilla de profesores y la reducción de la ratio, son algunos de los aspectos positivos que se desta- can en un informe de evaluación elaborado en el décimo aniversario de la LOGSE.

El director del área educativa de la Fundación Hogar
del Empleado, Roberto Rey, durante la presentación
de este informe.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. MARGARITA GIRON
Coincidiendo con el décimo aniversario de la LOGSE, la Fundación Hogar del Empleado ha presentado un informe en el que algunos de los denominados "padres de la reforma" hacen un balance de la implantación y situación actual de esta ley. El citado informe fue presentado por el director del área educativa de la Fundación, Roberto Rey.
La propia ministra, Pilar del Castillo, así como Alfredo Pérez Rubalcaba, Alvaro Marchesi, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, Francisco Ramos, Juan Piñeiro, Alfonso Unceta, José Luis García Garrido, y Fernando Lezcano, son algunas de las personalidades que intervienen en este trabajo de evaluación denominado Informe Educativo 2000. Evaluación de la LOGSE.
Como punto de partida, todos ellos coinciden en que los aspectos más positivos de la reforma son la prolongación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la nueva estructura de las etapas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), la comprensividad en Primaria, y la progresiva optatividad en la ESO. Igualmente, destacan como logros importantes el incremento en un 35% de la plantilla de profesores para la implantación de la ley, la introducción de profesores especialistas, la reducción del número de alumnos por aula, y la nueva concepción de los ciclos formativos.
No existe el mismo grado de acuerdo con respecto a la excesiva comprensividad de la ley (un único currículo para todos los alumnos) en la ESO, la falta de puentes en la Formación Profesional (subsanada actualmente), o la participación en la elección de director, ya que según datos de 1997, el 70% de los directores de Primaria y el 55% de los de Secundaria eran designados por las Direcciones Provinciales.

Mejorar la ley

Hay que destacar un amplio consenso en cuanto a que la ley es mejorable, si bien todos coinciden en que las modificaciones que se planteen deben realizarse sin desestabilizar el sistema. En este sentido, Juan Piñeiro afirma que "es buena la alternancia política; no es bueno que cada partido nos traiga un nuevo sistema educativo". Igualmente, José Luis García Garrido reitera que "no hay necesidad de sustituir la LOGSE, sino simplemente, como la propia ley sugiere, de corregir sus deficiencias".
La ministra de Educación parte de esta premisa al afirmar que "en modo alguno el Gobierno quiere cambiar en su totalidad las leyes que ordenan actualmente el sistema educativo, sino aquellos aspectos que, según se ha observado en los últimos años, no están funcionando bien, o que son necesarios para desarrollar acciones que supongan una mejora para la comunidad educativa".
En referencia al fracaso escolar, el informe señala que los datos no ponen de manifiesto que los resultados académicos en la Reforma sean peores que en épocas pasadas. Las evaluaciones realizadas por el INCE muestran que mientras en Primaria los resultados han mejorado respecto al sistema anterior, en Secundaria, aún no siendo peores, no se constatan grandes avances, pues el índice de resultados insatisfactorios afecta al 70% de los alumnos.

Diferencias autonómicas

En cuanto a la aplicación de la LOGSE en las comunidades autónomas, el informe revela distintos ritmos y diferencias importantes en lo referente a la red de centros, ya que en pocos casos se han separado los centros de Primaria de los de Secundaria; en lo relativo al calendario y jornada escolar; así como en la aplicación del currículo. En este ámbito, cabe destacar la opinión de Alfonso Unceta, quien señala que "en un futuro inmediato, será necesaria la búsqueda de uno o diversos pactos políticos que establezcan las condiciones para que las distintas administraciones educativas puedan desarrollar políticas compatibles", sin sentirse mutuamente amenazadas.
Por otra parte, la ESO es el nivel educativo donde los expertos concentran el mayor número de déficits. En primer lugar, en esta etapa se producen los casos más llamativos de "objetores escolares", cunde el desinterés por la educación, bajan los niveles y sube la conflictividad. Sobre esta cuestión, los participantes en el informe muestran un alto grado de consenso, destacando la necesidad de mejorar los niveles académicos y adoptar medidas de diversificación realistas, para lo cual se considera preciso reforzar la autonomía de los centros.

Profesorado

En segundo lugar, existe acuerdo en torno a la situación del profesorado que, a juicio de Alfonso Unceta, "está sufriendo una degradación insoportable del estatus material y simbólico de su profesión". Para todos los autores es un problema que hay que abordar si se quiere que triunfe cualquier planteamiento que se haga en la ESO.
En tercer lugar, los expertos coinciden en que es preciso resolver el problema de las Humanidades, reforzando las áreas instrumentales básicas, especialmente la lectura, e introduciendo la Historia como asignatura con entidad propia. En este sentido, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona opina que "el problema de las Humanidades hay que abordarlo con tacto, procurando el consenso y evitando el partidismo", sin que sea patrimonio de un solo partido.
Para finalizar, el informe recoge las discrepancias entre los defensores de la Escuela Pública y los de la Escuela Concertada. Estos últimos piden que se resuelva el problema de la Religión, que la financiación pública se haga extensiva a los niveles no obligatorios, y que la dotación de los centros sea igual que la de los públicos.
Por su parte, los defensores de la Escuela Pública acusan al actual Gobierno de favorecer al sector privado, y exigen mayor equidad para evitar que los alumnos con necesidades educativas especiales se concentren en los centros públicos.

 

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