El Defensor del Pueblo denuncia la falta de coordinación entre administraciones educativas

En su último informe recomienda
al MECD que flexibilice
los criterios de escolarización de
los alumnos superdotados

El último informe del Defensor del Pueblo, correspondiente a 1999, denuncia la falta de coordinación entre las administraciones educativas, lo cual ocasiona perjuicios tanto a los funcionarios docentes como a aquellos alumnos que tienen que cambiar su lugar de residencia de una comunidad autónoma a otra.

La situación actual dificulta a los funcionarios docentes conseguir un traslado de localidad, sobre todo en determinados destinos.

Madrid. MARGARITA GIRON
Las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para que los escolares superdotados puedan adelantar un curso son demasiado "rígidas e inflexibles", se-

gún manifiesta el Defensor del Pueblo. Esta es una de las consideraciones que, en materia educativa, aparecen en el informe de esta Institución correspondiente al año 1999.
En este sentido, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del MECD que agilice el proceso de resolución de las medidas de flexibilización que los equipos docentes y tutores juzgan adecuados para los alumnos superdotados, y que ahora suponen retrasos de hasta dos años en la resolución de los expedientes.
Otro problema que se plantea en el informe es el de la falta de coordinación entre las distintas Administraciones educativas, lo cual repercute sobre los alumnos que, mediado el curso escolar, tienen que trasladarse de una comunidad a otra, para cursar etapas en que la Administración educativa que los recibe no tiene establecidas las materias optativas iniciadas en el ámbito de la Administración educativa de origen. Por ello aconseja establecer nuevas vías de coordinación que eviten desajustes en la trayectoria académica de los alumnos.

Unificar modelos

En cuanto a la participación en los procesos selectivos de funcionarios en las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo denuncia las limitaciones producidas por la existencia de diferentes impresos y formularios para cada administración. Modelos que sólo pueden ser recogidos y sellados en determinadas dependencias de la propia Administración convocante, lo que unido a lo perentorio de los plazos que se establecen para la entrega de documentos, supone en la práctica una grave limitación en la posibilidad de participar en los procesos selectivos, sobre todo a los aspirantes que no residen en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma. En este sentido, aconseja que se implanten modelos normalizados que puedan ser utilizados en cualquier proceso selectivo, con independencia de quien sea la Administración convocante.
Por otra parte, la proliferación de procesos de consolidación de empleo temporal y de funcionarización de personal laboral implican que los aspirantes que los superan se quedan en sus destinos de origen. Lo mismo que sucede con quienes acceden a un puesto por promoción interna. Ambas situaciones hacen cada vez más difícil a los funcionarios el traslado de localidad, especialmente cuando se trata de determinados destinos. Situación que se agrava al haberse suprimido la previsión existente anteriormente respecto de la obligación de realizar un concurso de traslados entre quienes ya son funcionarios como condición previa para la realización de un procedimiento de acceso.

Traslado de funcionarios

El Defensor del Pueblo, "aun admitiendo la legitimidad" de los objetivos que provocan estas circunstancias, "no puede dejar de hacerse eco de la situación de un gran número de funcionarios que, al obtener su plaza mediante la correspondiente oposición, tuvieron que desplazarse de sus localidades de origen o de residencia" con la esperanza de volver a las mismas a corto o medio plazo, y que, dada la escasez de concursos en los que se permite la participación a funcionarios de administraciones distintas de la convocante, "se han quedado prácticamente sin posibilidad alguna de conseguir dicho traslado".
Por último, también pide al MECD que clarifique el concepto de "otros méritos" previsto en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes. Recuerda el Defensor del Pueblo que en su informe de 1995 recomendó perfeccionar las bases de estas convocatorias dada la "imprecisión" de algunos conceptos que originaba "interpretaciones dispares", y lamenta que esta situación se reproduzca en relación a los baremos de estas convocatorias. Pide por ello que se delimite el concepto "otros méritos" y se definan los criterios a que debe ajustarse cada valoración.

 

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