El autor del presente artículo analiza la realidad de la escuela pública española y abre un espacio de reflexión sobre cuestiones que suscitan encendido debate en el seno de la comunidad educativa y de la propia sociedad.

Por un concepto más amplio
de la escuela pública

Rafael Feito Alonso
Profesor Titular de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid

ADA  año distintas organi-

zaciones de izquierda, o por lo menos progresistas, convocan fiestas, actos, reuniones en defensa de la escuela pública. Incluso se publican folletos en los que se suministra una imagen idílica -y, en consecuencia, falseada- de la pública.

El término escuela pública incluye al menos dos conceptos. El primero hace referencia a la titularidad: la escuela pública es del Estado. El segundo, y sin duda más importante, se refiere a que se trate de una escuela al servicio del público, es decir, abierta a todos, gratuita, no discriminatoria, integradora, pluralista, democrática, participativa y un interminable etcétera. Por el contrario, la escuela concertada y privada no es del Estado y mayoritariamente no está al servicio del público, sino solo de cierto público, muy minoritario en la privada y bastante más amplio en la concertada -la cual en principio, es tan gratuita como la pública-.

La primera cuestión que quiero plantear es si realmente consideramos que la escuela pública sirve a su público. Para empezar, a diferencia de lo que ocurre en la concertada, la comunidad educativa de los centros públicos tiene muy escasas posibilidades de seleccionar a los profesores. Estos llegan a los centros en virtud de un administrativo concurso de traslados defendido a capa y espada incluso por los sindicatos de clase. Esto significa que es bastante difícil que el claustro de un centro esté constituido por un conjunto de personas que compartan un significativo elenco de ideas con respecto a qué sea la educación. De hecho, no es infrecuente que en un mismo curso el profesor del grupo A sea y haga lo contrario de lo que hace el profesor del grupo B sin que esto genere alarma alguna ni en el resto del claustro ni en la inspección educativa. Si un centro no cuenta con un claustro más o menos estable que haya consensuado unos mínimos de funcionamiento educativo estamos más cerca del caos que de la calidad de la enseñanza. En un centro público depende del azar el tener un profesor comunicativo y democrático u otro autoritario y distante. El público, los alumnos y los padres, está indefenso frente a esta situación. En este ambiente de incertidumbre es bastante habitual que en los centros de primaria los padres se interesen por cuál será la profesora que corresponderá a sus hijos en el siguiente ciclo.

En la mayoría de los centros concertados existe un elemento de cohesión: el ideario. Sin embargo, el modelo de ideario, desde una perspectiva democrática, no es digno de imitación, ya que es impuesto -o, si se prefiere, ofertado a la sociedad- por el titular del centro. A ello hay que añadir que el ideario no se puede modificar -salvo que el titular se convenciera de la necesidad de hacerlo-.

Proyectos educativos de centro

Hay un mecanismo para evitar que se dé la dispersión entre profesores de que hablábamos más arriba. Se trata de los proyectos educativos de centro. En teoría en estos documentos se plasman las singularidades de cada colegio o instituto. Además los proyectos curriculares han de estar en consonancia con el proyecto educativo. Si esto funcionara bien, cualquier profesor, antes de pedir un traslado, se interesaría por el tipo de centro cuyo destino pide. En la práctica la inmensa mayoría de los proyectos educativos son papel mojado plagados de generalidades que permiten que cada cual los interprete como quiera. Se supone que el proyecto educativo debiera ser el instrumento que dotara de coherencia a la acción educativa del centro. Con un proyecto educativo sólido no se podría dar la situación de profesores excesivamente dispares. Pero, y he aquí la principal dificultad, un proyecto educativo de estas características es un pacto que delimita el modo en que se puede ejercer la libertad de cátedra. Un centro con un proyecto educativo difuso, es decir como el que existe en casi todos los establecimientos escolares, es un centro en el que cada profesor puede desplegar sus peculiares caprichos en su aula. De ahí la oposición de tantos profesores funcionarios a cualquier elemento que trascienda su aula: desde la biblioteca del centro a la vigilancia de los recreos.

Una segunda cuestión sobre la que deseo centrarme es el tema de la custodia de la infancia. Si comparamos el desempeño de esta labor en los centros concertados y los públicos estos últimos salen claramente malparados. El profesorado de la escuela pública dispone de mecanismos para evitar el desempeño de tareas que, además de resultarles poco agradables, están insuficientemente definidas. El profesorado de la pública es relativamente débil frente a su empleador -el Estado- y fuerte frente a su clientela: los padres y los alumnos. El profesorado de la concertada es débil en ambos frentes. Sin embargo, renunciar o asumir de mala gana el desempeño de la custodia de la infancia provoca que determinadas familias huyan de la pública, especialmente en el caso de familias en las que ambos cónyuges trabajan y cuyo horario laboral resulta poco compatible con el escolar.

Es cierto que la escuela pública ha avanzado en lo que se refiere a la ampliación de horarios -basta con pensar en Los primeros del cole o en las actividades extraescolares. Los Primeros del cole es un programa que resuelve muy bien el problema de aquellas familias que han de dejar a los niños en el colegio antes de las nueve de la mañana. Algo peor es el caso de las actividades extraescolares. Para asegurar la presencia controlada de los menores a partir de las cuatro no queda más remedio que apuntarles en actividades extraescolares. La oferta es, por razones obvias, restringidas y además obliga a estar en ellas. Es decir, es poco habitual que los niños puedan estar controlados en el colegio más allá de las cuatro de la tarde si no están inscritos en una actividad extraescolar. En cualquier caso, y especialmente con los más pequeños -los de infantil-, no es infrecuente la disputa bizantina sobre quien lleva a los niños al local en que tiene lugar la actividad extraescolar o si pueden esperar en su aula -lo que fuerza la presencia de la maestra- hasta que llegue el monitor de extraescolares.

Si seguimos con los más pequeños todavía tenemos polémicas sobre quién debe cambiar al niño que se ha hecho pis encima. No es infrecuente que se telefonee a la madre -al padre se le suele dejar en paz- para que se haga cargo de su hijo. En estas condiciones, ?a alguien le extraña que las parejas profesionales o que simplemente trabajan extra-domésticamente huyan de la pública?

Días sin colegio

Por desgracia no se acaba aquí el tormento para las familias de los centros sostenidos con fondos públicos -es decir, públicos y concertados-. En pleno mes de febrero o de marzo las familias se encuentran con que los niños no tienen colegio debido a una extraña festividad de tres días de duración denominada Semana Blanca, periodo vacacional del que solo disfrutan los profesores de niveles preuniversitarios. En principio podría pensarse que es una suerte para los profesores este singular privilegio. El problema, y grave, es que los centros se cierran. Aún queda otra limitación más en el caso de los centros de infantil y primaria. En el mes de junio -los poco más de quince días lectivos- y en la segunda quincena de septiembre -entre medias están las vacaciones de verano- estos centros disfrutan de la jornada matinal continua, lo que habitualmente significa que a partir de las cuatro de la tarde los centros se quedan desiertos. De nuevo requeriríamos un programa tipo Los primeros del cole, al que podríamos llamar Centauros del desierto escolar. Es evidente que este tipo de deficiencias requiere de una mayor disposición -tanto del profesorado como de la administración educativa- a compartir con los padres y con el entorno el edificio escolar.

Dicho esto vuelvo al inicio de mi reflexión: ?por qué no mejor hacer festejos en favor de todos los centros sostenidos con fondos públicos? Festejar la escuela pública con carácter excluyente es cerrar los ojos a las familias que escolarizan a sus hijos en los otros centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los concertados. Pensar que quienes optan por la concertada son católicos reaccionarios que desean huir de la población marginal o que buscan la distinción social es simplificar el problema.

Obviar la concertada significa cerrar los ojos a algunas de las virtudes y potencialidades de estos centros debería imitar la pública. Cualquiera que haya leído los extensísimos debates parlamentarios sobre la LODE comprobará que los miedos de la derecha a esta ley procedían de la democratización que los consejos escolares podían suponer para la concertada. En la concertada es el consejo escolar el que selecciona y despide a los profesores. Por esta vía, si es que se llegara alguna vez a ejercer cabalmente, cada comunidad educativa -no el titular como de hecho ocurre- podría elegir a los profesores que más se adaptaran a sus proyectos educativos.

En los centros concertados -la mayoría de los cuales son de ideario católico- los claustros suelen ser mucho más estables. Los profesores -evidentemente más los religiosos que los seglares- tienen una cierta identificación con el centro, cosa que apenas ocurre o sucede en mucho menor grado en la pública.

Para concluir creo que deberíamos dar un enfoque más amplio a las fiestas en favor de la pública. Quizás podríamos pensar en lemas con los que nadie pueda sentirse excluido, lemas del tipo "por una escuela democrática y de calidad" o similar. Considerar que lo público, por el mero hecho de serlo, es bueno, es vivir en el limbo de la vieja izquierda.

Correo electrónico: rfeito@cps.ucm.es

 

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