El autor de la presente colaboración aboga por la elaboración de un Reglamento de Régimen Interior, con un sistema de normas de convivencia claras y conocidas por todos y establecido
a través de la participación democrática del alumnado, que a su juicio representa una extraordinaria estrategia preventiva
de los conflictos en los centros de Educación Secundaria

Regulación de la convivencia
y participación del alumnado en Educación Secundaria

Luis Barriocanal Cantoral
Orientador y profesor en el IES "Diego de Siloé", de Burgos

L  ámbito de la convivencia

es un ámbito esencial de la gestión de los centros educativos. La elaboración del Reglamento de Régimen Interior a través de la participación democrática de toda la comunidad educativa ofrece una oportunidad extraordinaria para intervenir en la prevención de los conflictos en los centros de educación secundaria y para invitar a los distintos sectores implicados a participar y a corresponsabilizarse en el buen funcionamiento de la institución.

La definición de unas reglas claras y conocidas que regulen distintos aspectos de la vida del centro y la implicación del alumnado en el funcionamiento de la vida escolar constituyen dos líneas de actuación esenciales en la gestión de la convivencia cuya importancia ha sido puesta de manifiesto en distintos estudios sobre organización y clima escolar en el marco de la investigación sobre escuelas eficaces.

El primero de estos factores ha sido destacado por autores como Watkins y Wagner (1991), ya que en diversos estudios se ha relacionado con una reducción de la incertidumbre que muchos alumnos experimentan en situaciones novedosas ante las que desconocen como actuar. Los alumnos que son conscientes de las normas que rigen las distintas situaciones de la vida escolar se desenvuelven mejor ya que saben a qué atenerse y pueden autorregular mejor su comportamiento; saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y las consecuencias que se derivan de ello y por eso tienden a percibir el clima escolar como algo estable y seguro. En toda la literatura especializada se defiende la importancia de que los reglamentos de funcionamiento expresen claramente las reglas y normas de conducta que se van a aplicar en cada situación y su razón de ser, para evitar la tendencia a que los alumnos las vean como algo arbitrario e impedir así que los intentos de corrección por parte del profesor se vean respondidos con reacciones de protesta del alumnado.

La existencia de un sistema de normas claro y conocido por todos facilita, además, la toma de decisiones ante el incumplimiento de alguna de ellas. Llegado el caso al profesor le basta con acudir al acuerdo o pacto establecido, sin tener que justificar su decisión y evitando la confrontación con el alumno infractor. De esta manera es previsible que el alumno perciba la posible corrección más como una consecuencia derivada de un acuerdo institucional previo que como una decisión arbitraria del profesor.

El segundo de los factores, la participación del alumnado, se ha mostrado en distintas investigaciones como un elemento clave a la hora de explicar las diferencias en el clima escolar entre algunos centros educativos con una alta conflictividad y otros con una menor incidencia de problemas (Watkins y Wagner, 1991).

Sentimiento de identificación con el centro

La participación del alumnado en los procesos de toma de decisiones tiene efectos significativos sobre la actitud que éste desarrolla hacia la escuela y sobre su sentimiento de identificación con su ideario, sus valores y sus normas. Cuando los alumnos participan en la dinámica organizativa del centro, se está reconociendo su responsabilidad y se está consiguiendo, a su vez, un mayor grado de identificación de éstos con la institución escolar. El desarrollo de este sentimiento de pertenencia e identificación se ve especialmente favorecido cuando los alumnos se ven integrados en la dinámica de funcionamiento del centro, cuando se escuchan sus opiniones, cuando se les consulta a la hora de tomar decisiones y cuando se les considera como miembros activos de una comunidad educativa más que como simples receptores de conocimientos académicos.

Son muchos los autores que han destacado la importancia de que este proceso de elaboración de normas de convivencia se desarrolle a través de una dinámica de participación y de diálogo con el alumnado aludiendo a fundamentos tanto de carácter legal como de tipo sociológico y psicopedagógico.

La participación en la gestión educativa es en nuestro ordenamiento legal tanto un derecho como un deber del alumnado. Alumnos y alumnas tienen reconocido en la normativa vigente su derecho a intervenir en la elaboración y aplicación del Reglamento de Régimen Interior del centro, documento institucional en el que se regulan, entre otras cuestiones, las normas de convivencia por parte del Consejo Escolar. Pero en la mayor parte de nuestros institutos la participación del alumnado en la elaboración de estos documentos suele ser nula debido en buena medida a que no se facilita ni se promueve por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Los alumnos quedan convertidos así en una autoridad sin poder dentro de la institución educativa por lo que no es extraño que, en ocasiones, surjan reacciones de protesta en forma de comportamientos de oposición a la cultura escolar (Santos Guerra, 1994).

Métodos educativos democráticos

Autores como Dinkmeyer y Mckay (1981) o Casamayor (1998) han acudido a fundamentos de tipo sociológico para justificar la necesidad de sustituir los tradicionales mecanismos autoritarios de disciplina impositiva por métodos educativos democráticos basados en la negociación, la autonomía y la responsabilidad. Según estos autores, dentro de una sociedad que aspira hacia ideales de igualdad y justicia social los niños y jóvenes de hoy reclaman también para sí un trato igualitario y la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Cada vez están menos dispuestos a aceptar sin más las reglas y las normas arbitrarias de los adultos y por eso, en el marco de estas nuevas coordenadas sociales, es previsible que si la institución escolar intenta afrontar los conflictos de manera autoritaria con instrumentos educativos que, aunque hasta ahora hayan podido tener algún grado de éxito, fueron pensados para otros alumnos, otros fines y otras necesidades, la imposición genere tensiones importantes en su seno y avancemos hacia una conflictividad cada vez mayor.

Los procesos de negociación encierran en sí mismos un gran valor educativo y en este sentido el proceso puede llegar a ser tan importante como el resultado final. La elaboración del RRI es un marco privilegiado para comprender conceptos como participación, respeto, democracia, responsabilidad, etc. También para aprender a trabajar en grupo, a formular propuestas en términos positivos, para experimentar como funcionan el diálogo y la negociación. La negociación facilita además el desarrollo de actitudes y valores como la empatía, la solidaridad, la cooperación, la reflexión, el autocontrol, la tolerancia o el consenso.

Es además un hecho comprobado que la implicación del alumnado en el buen funcionamiento del centro y su compromiso con las normas mejora cuando éste las ve como cosa suya, sintiéndose partícipe de su elaboración. Por el contrario, si las normas proceden de las decisiones del profesorado y éste se convierte en el guardián del orden, los alumnos declinarán su responsabilidad en el buen funcionamiento (Santos, 1994). Por eso, para que los alumnos comprendan, acepten y apoyen las normas del centro, deben tener la oportunidad de participar en su elaboración y en su revisión o seguimiento.

Acuerdos, pactos y treguas

Los argumentos anteriores se han visto respaldados por variadas investigaciones realizadas sobre el clima escolar. Estos estudios ponen de manifiesto que es más probable encontrar una respuesta global favorable en el alumnado de un centro cuando entre profesores y alumnos se daban acuerdos, pactos o treguas sobre distintas cuestiones relativas al cumplimiento de la normativa. Por el contrario, los centros en los que se da una imposición más rígida desembocan a menudo en una obsesión por la disciplina a la que el alumnado responde desarrollando una cultura de oposición a la escuela que hace más probable la confrontación y la escalada de los conflictos.

Más recientemente, el Defensor del Pueblo (1999), en su "Informe sobre la violencia escolar", recomienda, entre otras cosas, la promoción de una cultura preventiva en los centros que articule la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, y especialmente de los alumnos, en los proyectos y planes institucionales.. Propone que los alumnos tomen parte activa en la definición de los Reglamentos de Régimen Interior de sus centros, de manera que tengan oportunidad de expresar su punto de vista en relación con las normas que vayan a presidir la convivencia en los mismos y las medidas que se prevean en caso de conflicto.

Ha de admitirse que la cultura de la participación que aquí se defiende no va a poder librarnos completamente de los conflictos. Pero es igualmente cierto que nos podrá ayudar a reducirlos de manera significativa y a resolverlos de forma mucho más satisfactoria cuando aparezcan. No resulta difícil comprobar, por ejemplo, como los alumnos aceptan de mucho mejor grado las responsabilidades derivadas del incumplimiento de una norma si el problema se define como una falta contra un pacto establecido por toda la clase que como una afrenta a la autoridad formal del profesor, y como una posible sanción tiene también mucha más eficacia en este contexto.

Pero resulta poco realista aspirar a eliminar por completo los conflictos de la vida escolar. Hemos de aceptar el conflicto como algo intrínseco a la convivencia ya que esta produce inevitablemente roces de distinta naturaleza y gravedad (Casamayor, 1998), sobre todo cuando se aspira a dar al alumnado una formación integral que contemple el desarrollo de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones compartidas, de su sentido crítico o de su capacidad para convivir e integrarse socialmente.

 

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