Libreros, editores y distribuidores rechazan la liberalización aprobada por el Gobierno y amenazan con recurrir ante los tribunales
Foto: Rafael Martínez

Las asociaciones profesionales del sector del libro han hecho frente común contra la decisión del Gobierno, refrendada por el Congreso, de liberalizar los descuentos en los libros de texto. Acusan al Ejecutivo de favorecer a los grandes almacenes de capital extranjero frente al pequeño comercio, y amenazan con recurrir ante los tribunales. CC.OO. y UGT no creen que
las medidas anunciadas sirvan para abaratar los precios, y las confederaciones de padres piden la gratuidad total.

Madrid. G.A.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio el Real Decreto-Ley 6/2000, que establece una serie de "Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios". El "BOE" publicó el día 24 esta nueva normativa, que en el primer Capítulo del Título IV liberaliza totalmente el descuento que los libreros minoristas pueden hacer sobre el precio de venta al público de los libros de texto fijado por el editor o el importador, "con el objeto de aumentar el grado de competencia en el sector".

El pleno del Congreso de los Diputados ratificó el 29 de junio este Real Decreto, con los votos favorables de los parlamentarios del PP, PNV y Coalición Canaria, y el rechazo del PSOE e IU. Según lo establecido en su artículo 38, "queda liberalizado el descuento que podrá aplicarse sobre el precio de venta al público de los libros de texto y del material complementario, editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria, cualquiera que sea la edición, reedición o reimpresión". Están incluidos tanto los materiales para uso del alumno como los de apoyo para el docente, y "podrán ser impresos o utilizar otro tipo de soporte".

Sin embargo, no tendrán carácter de material didáctico complementario "los que no desarrollen específicamente el currículo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica, tales como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o instrumental científico". Además, "queda prohibida la utilización del libro como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta".

A partir de ahora "los libreros o distribuidores minoristas podrán hacer el descuento que deseen en los libros de texto sobre el precio de venta al público, frente al tope anterior del 12%", según un breve comunicado del Gobierno. Por su parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha afirmado que esta medida "pretende favorecer el abaratamiento de los libros de texto", pero no es un primer paso hacia su gratuidad que "hoy por hoy no es posible".

Para la Unión de Consumidores de España (UCE) el libre descuento del precio de los libros de texto "es una medida muy positiva para las familias, y no supondrá graves daños al sector, ya que se trata de un producto estacional que no hay que tener almacenado, es pseudo-obligatorio, no perjudica a los autores noveles, y no afecta a las editoriales pequeñas". El portavoz de UCE, Rafael Urrialde, no cree que esta medida suponga el cierre de librerías, ya que "en las grandes ciudades la mayoría de los padres compran los libros en las grandes superficies, mientras que en las pequeñas localidades las librerías son puntos de venta imprescindibles, y seguirán siéndolo".

Conseguir la gratuidad

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres Alumnos (CONCAPA), Agustín Dosil, apuesta por conseguir la "gratuidad total de los libros de texto en un período de 3 ó 4 años", y hasta entonces valora positivamente la implantación de "medidas como las becas, las deducciones en el IRPF, o la liberalización de los descuentos". Pero cree que el Ministerio de Educación debe abordar antes "otros problemas más urgentes, como la gratuidad de la enseñanza a partir de los 3 años en todas las comunidades".

Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Eulalia Vaquero, ha celebrado esta liberalización "para que las familias puedan comprar los libros a menos costo", y ha añadido que "no queremos ir en contra del sector del libro, que nos merece mucho respeto, pero tenemos que defender los derechos de los consumidores". Sin embargo, y en base a otros antecedentes liberalizadores, duda que las medidas anunciadas puedan originar una bajada real de los precios. Y vuelve a pedir que el Gobierno "asuma de inmediato la gratuidad total de los libros en la enseñanza obligatoria, en lugar de apostar por una política de becas claramente insuficiente e injusta, porque sólo ayuda a unas pocas familias".

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Fernando Lezcano, la medida "es una pequeña falacia, pues aunque la libre concurrencia pueda favorecer al consumidor, en la práctica se ha demostrado que la liberación no siempre conduce a una bajada de precios, como es el caso del sector energético". Además, ha advertido de las consecuencias negativas que estas iniciativas puedan ocasionar al pequeño comercio, y del peligro de que "las grandes editoriales absorban a otras más pequeñas, que hacen muy buenos e imprescindibles libros de texto".

Por su parte, el secretario general de FETE UGT, Jesús Ramón Copa, ha revindicado una vez más la gratuidad de los libros de texto en las etapas educativas obligatorias, y ha cuestionado que esta liberalización suponga un abaratamiento en los precios. En este sentido, ha recordado que una medida similar en el sector eléctrico ha supuesto un sobrecoste del 4,5% para los ciudadanos. Ha advertido que las pequeñas librerías y distribuidoras podrían verse obligadas a desaparecer, por no poder competir a la hora de hacer descuentos con las grandes superficies, "y serán éstas las que acabarán controlando los precios con una oferta menos importante". Y ha añadido que una posible bajada en los precios tampoco garantizaría el acceso de todas las familias a los libros.

Oposición del sector del libro

En cualquier caso, la liberalización de los descuentos ha provocado el rechazo unánime y categórico de las organizaciones profesionales del libro, que ha cerrado filas contra ésta decisión. Los máximos responsables de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Editores (FANDE), la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE), han anunciado en una rueda de prensa conjunta su intención de "recurrir ante los tribunales de justicia, españoles y comunitarios, el acuerdo del Gobierno que ampara prácticas injustas e ilegales".

Todos ellos consideran que el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros "no liberaliza los precios de los libros de texto, los mantiene en un régimen de precios fijos que, paradójicamente, no podrán ser únicos". Y creen que "violenta las leyes de la competencia y del comercio y, concretamente, podría incumplir tres leyes vigentes en España: la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Competencia Desleal, y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista".

Durante la rueda de prensa, el presidente de ANELE, Mauricio Santos, ha afirmado que "no se trata de una medida liberalizadora, como ha dicho el ministro Rodrigo Rato, sino intervencionista en el libre comercio. Es una medida excepcionalísima y restrictiva, que nunca se ha aplicado a ningún otro producto ni en España ni en ningún otro país. Es una medida única en el mundo".

En nombre de todas estas organizaciones, Mauricio Santos y el presidente de FGEE, Josep Lluis Monreal, han coincidido al advertir que la decisión del Gobierno "sólo beneficia a dos grandes superficies de capital extranjero, que son las únicas que pueden vender el producto por debajo de sus costes, porque los utilizarán como reclamo comercial para vender otros artículos, ya que estos libros sólo suponen el 0,5% de su facturación". En concreto, han señalado como únicos beneficiados a los grupos franceses AUCHAN, propietario del Alcampo, y Carrefour y Promodés, que tras su fusión agrupan a Continente y Pryca.

El presidente de CEGAL, Fernando Valverde, ha añadido que esta situación puede originar "el exterminio de cerca de 2.000 librerías sólo el primer año, de las 10.000 que existen en España, y a la pérdida de miles de puestos de trabajo, puesto que el 37,5% del volumen de negocio del pequeño librero procede, precisamente, del libro de texto". Por último, la junta directiva de FGEE, con el propio Josep Lluis Monreal a la cabeza, ha decidido dimitir en bloque como medida de protesta, y "para no ser interlocutores del Gobierno", según han anunciado el 29 de junio en Bilbao durante el III Congreso de esta organización.

 

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