El "Informe Universidad 2000" abre
un amplio debate social sobre
el futuro del sistema universitario

Auspiciado por la CRUE, el trabajo analiza la situación actual de la Universidad española y plantea una
revisión profunda de su organización y funcionamiento
El aumento de la inversión pública, el incremento de las becas y ayudas al estudio, y la revisión y adaptación de la organización de los estudios y de los órganos de gobierno son aspectos claves de la adecuación del sistema universitario español a la nueva realidad, según se recoge en el "Informe Universidad 2000" por un equipo de trabajo dirigido por el profesor a Bricall, en el que se analiza la situación de la enseñanza superior de nuestro país y se propugna una
profunda revisión y adecuación de todo
el sistema universitario.

Saturnino de la Plaza, presidente de la CRUE; Josep María Bricall, y Félix García, secretario general de la CRUE, durante la presentación del informe. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
El "Informe Universidad 2000", auspiciado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y encargado en diciembre de 1998 al profesor Josep María Bricall, quien ha desempeñado los cargos de rector de la Universidad de Barcelona y de presidente de la Conferencia de Rectores Europeos (CRE), fue presentado, el pasado 24 de marzo, en la sede del Círculo de Bellas Artes de Madrid, por el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, y por el director del grupo de trabajo elaborador del informe, Josep María Bricall.

El trabajo, en cuya elaboración han participado Ezequiel Baró, Julio Fermoso, Ramón Lapiedra, Francisco Michavila, Esteve Oroval, Miguel Ángel Quintanilla, Toni Rivero, María Jesús San Segundo, Francesc Solá y Fernando Tejerina, pretende contribuir a la apertura de un amplio debate social sobre el futuro de la Universidad española. El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, precisó, en la presentación del informe, que "este dictamen no es un proyecto de ley, sino una amplísima reflexión que en muchos casos precisará su concreción por parte de los poderes públicos".

Por su parte, el profesor Bricall señaló que el informe "no ha bajado al pequeño detalle, ni nos hemos ocupado de cosas que se están legislando o reglamentando, porque entendimos que eso era entrar en un terreno que no nos correspondía; nuestra visión ha sido a largo plazo", y resaltó que "el trabajo incluye y tiene recomendaciones, porque, si no, se quedaría sólo en un inmenso bla, bla, bla, algo a lo que estamos muy acostumbrados en España".

El "Informe Universidad 2000", cuya edición contiene casi 500 páginas y está disponible en la dirección web http://www.crue.upm.es, analiza la situación de la enseñanza superior en España, establece estudios comparativos con la situación de los sistemas universitarios de los países miembros de la Unión Europea y de la OCDE, y formula una serie de propuestas y recomendaciones para la modernización del sistema universitario español, el incremento de la calidad de la educación superior y la mejora de la investigación científica.

El trabajo, articulado en nueve capítulos o apartados (1.- Introducción. Un período de transición en la Universidad. 2 - Universidad, agente social. 3 - Difusión del conocimiento: formar para aprender. 4 - Generación y aplicación del conocimiento. 5 - Financiación. 6 - Personal de la Universidad. 7 - Calidad y acreditación. 8 - Gobierno y administración, y 9 - Redes tecnológicas y redes universitarias), plantea, de hecho, una reforma global, profunda y amplia de la Universidad española, para cuya implantación reclama un aumento de la financiación universitaria del 60% en los próximos diez años, de tal modo que el gasto educativo en la Universidad española pase de los 600.000 millones de pesetas anuales de la actualidad al billón de pesetas en el año 2010.

Aumento de la financiación universitaria

En el "Informe Universidad 2000" se especifica, de acuerdo con los principales datos del gasto en educación superior que aporta la OCDE, que el gasto total en educación superior en España representa el 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media del gasto total en educación superior de los países de la OCDE se sitúa en el 1,6% del PIB. Asimismo, se precisa en el estudio que el gasto medio anual por estudiante en España es, aproximadamente de 5.000 dólares, lo que representa un 60% del gasto medio anual por estudiante de los países de la OCDE.

"De la comparación de la situación de España con los países de su entorno -se indica en el Informe- se advierte que el sistema universitario español debería aumentar su gasto por estudiante, para alcanzar niveles similares a los de los principales países europeos, entre 1.500 y 2.000 dólares, que situaría el gasto por estudiante entre 6.500 y 7.000 dólares, más cerca de las cifras actuales de Francia (unos 6.500 dólares) o de Irlanda y del Reino Unidos (7.200 dólares). Ello requiere aumentar el gasto total (público y privado) en enseñanza superior en una cifra que oscilaría entre un 0,3% y un 0,4% del PIB, aproximadamente. Este objetivo puede alcanzarse a medio plazo, en un horizonte temporal que no ha de exceder de 10 años, con una tasa de crecimiento del gasto de al menos el 3,2% anual, aproximadamente".

Tasas académicas, becas y ayudas

En relación con el sistema de financiación, el informe Bricall propone que "se debe mantener un modelo mixto (público-privado)", y , tras señalar que las cifras actuales permiten observar que la participación privada en esta financiación es mayor en España que en otros países del entorno europeo, se recomienda que "la participación privada a través de las tasas, por lo menos, no supere el porcentaje actual en el conjunto de los fondos de financiación de las instituciones universitarias".

Asimismo, se propone un incremento del carácter público de la financiación universitaria, con el objetivo expreso de que la actual relación proporcional entre financiación pública (76%) y financiación privada (24%) de la Universidad se sitúa en una relación 80%-20%.

En el informe se sugiere que las becas y ayudas a estudiantes y familias experimenten un significativo incremento, tanto en número como en cuantía, y tengan, en los próximos años, un mayor crecimiento que las subvenciones directas a las universidades. La propuesta consiste en aumentar sustancialmente el número de alumnos que reciben becas, pasando del actual 17,3% hasta un 40% para los estudiantes de los primeros cursos, ya que "es en estos primeros años donde parece más necesario repercutir el esfuerzo del incremento en el número de becas para favorecer el acceso y la igualdad de oportunidades en la Universidad". En cambio, en el informe se recomienda que las becas cubran un 10% de los estudiantes de últimos cursos, en los cuales se daría prioridad a un sistema de "préstamos-renta", cuyo programa piloto, a semejanza de los programas ya implantados en algunos países europeos (Reino Unido, Noruega, etc.), se estima que "debería estar dirigido a cubrir un 30% de los alumnos de últimos cursos", y su cuantía debería situarse "alrededor de las 600.000 pesetas anuales". Estos préstamos-renta los concedería el Estado sin interés y serían de devolución diferida, una vez que el titulado se incorpore al mercado laboral y sus ingresos alcancen la renta per cápita media.

Respecto a la cuantía de las becas y ayudas, en el informe se asegura que "el importe medio actual de 225.000 pesetas parece insuficiente y, en los cálculos realizados, se considera su incremento hasta las 400.000 pesetas".

Estudios, currículos y Profesorado

En el informe Bricall se aboga por "un sistema flexible de enseñanzas" y por la "flexibilidad curricular", de modo que la estructura de los estudios permita a los alumnos "elaborar su propio itinerario curricular, el paso de unas fases a otras de los mismos o de ciertos tramos a otros en el interior de una misma fase, todo ello en el marco de un número preciso y reducido de condiciones". El desarrollo de estas posibilidades exige la conversión de los estudios al esquema de créditos, como procedimiento que mide las enseñanzas recibidas y que facilita la movilidad entre ellas. Según se precisa en el informe, "el sistema de créditos debería estar basado en el método que ha generalizado la Unión Europea, denominado European Credit Transfer System (ECTS), que mide las cargas de aprendizaje más que las horas de clase".

Asimismo, se recomienda la delimitación de las carreras o titulaciones en cuatro tipos, dos de carácter más disciplinar, los tipos A y C, y dos de carácter más profesional, los tipos B y D. Los estudios de carácter disciplinar de tipo A tendrían cuatro años de duración, y se dividirían a su vez en dos tramos: un primer tramo, de carácter inicial, de dos años de duración como mínimo, de tipo multidisciplinar, común a las grandes áreas científicas, y un segundo tramo de carácter especializado o más monodisciplinar. El segundo grado de estudios disciplinares, tipo C, o profesionales de tipo D, tendrían carácter de postgrado, y se cursarían en uno o dos años.

Los estudios de carácter profesional, tipo B, tendrían programas integrados de tres años de duración, y si los alumnos de este tipo de estudios cursaran además los dos años pluridisciplinares correspondientes al primer tramo de los estudios de tipo A podrían acceder a la titulación. Los estudios de doctorado se organizarían en un solo tramo que conduciría a una sola clase de doctorado, tras superar los estudios de tipo C o de tipo D suficientemente integrados.

En el apartado del Profesorado, se contempla la adopción de un plan estratégico por parte de cada Universidad, que "decide entre los candidatos en función de sus necesidades", y recomienda una mayor flexibilidad en la contratación, el refuerzo de la formación de los profesores, el fomento de la movilidad e internacionalización, la garantía del año sabático, los incentivos retributivos y la creación de dos nuevas figuras de personal académico contratado: titular docente y titular investigador.

El informe recomienda asimismo la creación de una Agencia de Acreditación, pública, oficial y autónoma, a la que las universidades deben remitir un informe anual sobre docencia, investigación y gestión; esta Agencia debería dar la aprobación periódicamente a cada una de las titulaciones de las universidades, públicas y privadas, en función de su rendimiento y adecuación.

Respecto a los Órganos de Gobierno de las universidades, se recomienda la reducción de los mismos para la dinamización de las tomas de decisión, sin que se pierda la representatividad existente de los diversos colectivos integrados en ellos.

Declaración del Patronato del
"Informe Universidad 2000"

El Patronato del "Informe Universidad 2000", integrado por 17 miembros, representantes de empresas, sindicatos y organizaciones sociales, académicas y culturales, y presidido por Saturnino de la Plaza, presidente de la CRUE, hizo pública una declaración, tras la aprobación del Informe Bricall, en la que se afirma que "el documento presentado contiene un análisis riguroso y en profundidad de la situación actual de la enseñanza universitaria en España", y añade que "a lo largo del texto, y en forma de recomendaciones, se proponen numerosas medidas relevantes para la modernización de las universidades y el incremento de la calidad de la educación superior y la investigación científica, claves para el progreso social y económico y el tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento".

Tras recalcar que el propósito del "Informe Universidad 2000" es "la mejora del servicio público que las universidades prestan a la sociedad", en la declaración se indica que "debe abrirse un amplio debate en el seno de nuestras universidades y de la sociedad española".

El comunicado concluye señalando que "este Patronato analizará las aportaciones del debate, comunicará los resultados a la sociedad española y dará traslado de los mismos a los poderes públicos y, en especial, al Parlamento español y a los de las Comunidades Autónomas".

 

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