Madrid.
La indisciplina escolar, término que no incluye los actos de violencia, afecta en España al 2 por 1000 de los alumnos, según ha manifestado a Efe el secretario general de Educación y Formación Profesional, Roberto Mur, quien señala que "el porcentaje es mucho más bajo en el caso de agresiones físicas". En opinión de Mur, "las circunstancias que se dan en Francia -país que ha aprobado recientemente una serie de medidas que incluyen la vigilancia policial en algunos institutos- son específicas de ese país, y en España no se producen las mismas situaciones límite, lo que no

excluye que se den casos aislados". El secretario general de Educación y Formación Profesional ha precisado que "para España no es necesario ni conveniente establecer esa medida, lo que no excluye que si dentro de un centro escolar se producen agresiones la policía pueda actuar", y reconoce que si se puede hablar, sin embargo, de un aumento de la indisciplina escolar en los últimos años, que se ha visto incrementada por el contexto social de determinadas familias, la organización de los centros y la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años.

En el último informe realizado sobre violencia escolar en España, presentado en noviembre por el Defensor del Pueblo, se reseñaba que más del 30% de los escolares declara sufrir agresiones verbales con cierta frecuencia, y cerca de un 9% del alumnado declara que ha recibido "amenazas con la finalidad de meterles miedo".

El estudio, realizado tras entrevistar a 3.000 alumnos de la ESO en 300 colegios públicos y privados, destaca que la violencia física es más frecuente entre los varones, aunque las niñas cada vez son más protagonistas o víctimas.

Este pesimismo reflejado en el informe respecto a la situación actual del alumnado español fue asimismo expresado recientemente por la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, quien señaló que cuatro de cada diez escolares sufren agresiones.

El presidente de la asociación de padres CONCAPA, Agustín Dosil, ha hecho referencia recientemente a la "situación de pre-violencia" en la que están los estudiantes en España, y para Carlos Ladrón de Guevara, presidente de la CEAPA, asociación de padres mayoritaria en la escuela pública, "los datos de la violencia escolar en Francia son extrapolables a España", si bien insiste, al igual que la práctica totalidad de la comunidad educativa, en la búsqueda de una mayor participación de administraciones, docentes, especialistas y padres en la solución de este problema.

El vicepresidente del sindicato independiente ANPE, Fernando Jiménez, lamenta "las frecuentes agresiones" a que se ven sometidos los profesores, "quienes sufren de una manera paciente las burlas de sus alumnos, especialmente de entre 12 a 14 años". ANPE propuso el pasado 27 de enero a las administraciones educativas la creación de departamentos de orientación en todos los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria para paliar la indisciplina y evitar la violencia escolar y el absentismo.

Las organizaciones sindicales FETE-UGT y CC.OO. han expresado su rechazo a que se empleen medidas represivas en el aula contra la violencia, como pretende hacer el Gobierno francés, al entender que "la violencia sólo se puede frenar con medidas de prevención, para lo cual es preciso reforzar las plantillas docentes y de especialistas".

Ambas organizaciones sindicales subrayan que la situación de violencia escolar en España "no es, en absoluto, comparable a la existente en Francia y en otros países europeos, por que sólo tenemos brotes aislados, aunque sí es necesario afrontar medidas de refuerzo de la convivencia y la tolerancia".

En declaraciones efectuadas a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Fernando Lezcano, señala que "no es positivo que los policías vigilen los centros, como establece el plan antiviolencia francés, ni tampoco lo es que se reduzca la lectura de dicho plan a este aspecto, ya que incluye otras muchas medidas muy acertadas", entre las que Lezcano destaca la contratación de personal complementario en los centros, el incremento de las clases de integración y el enfoque preventivo que muestra el contenido global de las medidas.

Por su parte, la secretaria de acción social de FETE-UGT, Maite Fernández, califica de "exagerada" la intervención policial en los centros, y expone la necesidad de que "dentro de la escuela existan profesionales dedicados a detectar y corregir problemas de violencia".