Todos los alumnos de 3 a 16 años tendrán plaza escolar gratuita
El Gobierno garantiza la escolarización total
para el próximo curso

El secretario general de Educación y Formación Profesional, Roberto Mur, ha afirmado en el Congreso que en el curso escolar 2000-2001 habrá plazas públicas y gratuitas suficientes para escolarizar a todos los alumnos de 3 a 16 años, prestando especial atención a las zonas rurales y a la periferia de las grandes ciudades.

El secretario general de Educación y Formación Profesional, Roberto Mur, aseguró que todos los padres tendrán una plaza escolar gratuita para sus hijos, al margen de la oferta privada

Madrid.- MARGARITA GIRON
"El objetivo para el próximo curso será llegar a cubrir el cien por cien de la demanda potencial de 3 a 6 años, y que todos los padres tengan una plaza gratuita para llevar a sus hijos, independientemente de que exista también oferta privada", explicó Mur durante su comparecencia a petición del Grupo Popular, ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso.
El secretario general de Educación y Formación Profesional añadió que "la escolarización en el segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años) está cercana al cien por cien de la demanda, en concreto es del 91%, mientras que hace cuatro años era del 79%".
Además, insistió que ese puesto gratuito para los niños de entre tres y seis años se incluirá dentro de las partidas de los próximos Presupuestos Generales del Estado y que prestarán especial atención a las zonas rurales y periféricas de las grandes ciudades.
Mur destacó que en estos momentos la oferta pública en el segundo ciclo de Educación Infantil cubre aproximadamente el 82% de la demanda potencial, ya que un 76’5% de estos alumnos están escolarizados en centros públicos y el 7% en privados concertados, frente al 16’5% que estudia en centros privados.
En referencia a la ratio, añadió que en este nivel educativo, el número máximo de alumnos por aula es actualmente de 19’3% en el territorio gestionado por el MEC, cuando en 1995 era de 21’2 estudiantes por aula.
Asimismo, recordó que la política del Gobierno en materia de Educación se ha caracterizado por un incremento "espectacular" del gasto por alumno, superior al 20%, aunque insistió en la necesidad de reflexionar ahora, una vez alcanzada la media en gasto educativo de los países de nuestro entorno, en la rentabilidad de los medios, ya que, a su juicio, "no existe una relación directa que garantice que a más medios, mayor calidad de la enseñanza". El gasto por alumno y año en enseñanza obligatoria es de 409.000 pesetas, cuando en 1995 se cifraba en 338.968.

Educación especial
En cuanto a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, el secretario general de Educación señaló que la política del Gobierno camina hacia su perfecta integración en los centros, por lo que en los tres últimos años se han destinado 500 millones de pesetas para adaptar los centros ordinarios a estos estudiantes y además se ha incrementado un 12% el profesorado hasta llegar a los 5.409 docentes especializados actuales.
Por otra parte, preguntado sobre las previsiones del Gobierno en relación con los programas "Sócrates" y "Erasmus", Mur subrayó la necesidad de ir incrementando la aportación del Gobierno español, de las comunidades autónomas y de las universidades a las becas Erasmus, ya que contemplan una cantidad "insuficiente" para cubrir los costes que supone para el alumno estudiar fuera de España.
Destacó también la buena acogida que ha tenido el programa "Sócrates" en España, con más de 1.000 centros participantes, y explicó que para la segunda edición del programa, que se iniciará en enero del año 2000, se prevé un presupuesto de 1.800 millones de ecus.
En otro orden de cosas, la Comisión de Educación y Cultura aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno a revisar la composición del Consejo Escolar del Estado, de tal manera que se adapte a la nueva realidad autonómica, así como su relación con la Conferencia Sectorial de Educación.
En cambio, la Comisión rechazó la creación de una Oficina de Gestión del Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades, propuesta por el PSOE, por entender desde el PP y CiU que supondría invadir las competencias de las comunidades autónomas y que la evaluación, para que sea científica, debe hacerla cada centro.

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