La modificación de la LRU, calificada como necesaria de forma unánime, deberá esperar a la próxima legislatura para hacerse efectiva en el ámbito del sistema universitario español. (Foto: Rafael Martínez)
Los rectores abogan por una reforma de la LRU "sin cambios radicales"
La modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) es contemplada como necesaria de forma unánime en el ámbito del sistema universitario español y de sus responsables académicos, políticos y sociales, si bien existen discrepancias en cuanto a la dimensión y alcance de la reforma, según se ha puesto de manifiesto en el transcurso del Encuentro "Sistemas de gobierno de las universidades españolas: situación actual y perspectivas de futuro", celebrado del 6 al 8 de septiembre en Santander en el ámbito de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Santander. El ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, inauguró el pasado día 6 en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Encuentro "Sistemas de gobierno de las universidades españolas: situación actual y perspectivas de futuro", en cuyo desarrollo han participado la mayoría de los rectores de las universidades españolas, directores de institutos de investigación, representantes de distintas formaciones políticas, responsables autonómicos en materia universitaria y expertos educativos nacionales, europeos y norteamericanos. En su intervención, el ministro, a quien acompañaban el secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación, Jorge Fernández, y el rector de la UIMP, José Luis García Delgado, resaltó la necesidad de "abordar un cambio profundo e integral de la LRU" mediante "un consenso político y social lo más amplio posible".

Tras señalar que la reforma de la LRU es "un asunto necesario, difícil y complicado, que además no será factible hasta la próxima legislatura", Mariano Rajoy recordó que ya en 1992 el entonces ministro de Educación y Cultura, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba la elaboración de un proyecto de reforma de la LRU al entender ya habían pasado nueve años desde su aprobación, durante los cuales la Universidad española había experimentado profundos cambios. "Desde entonces -indicó el ministro- se han sucedido tres legislaturas sin que haya visto la luz ninguna ley, y ni tan siquiera una modificación parcial".

Preparar el camino de la reforma

Mariano Rajoy destacó en su intervención la importancia de encuentros como el programado en la UIMP, bajo la dirección de Antonio Sáenz de Miera y con el patrocinio del Consejo de Universidades, con objeto de "empezar a preparar el camino para abordar el proceso de reforma de la LRU desde el comienzo de la próxima legislatura", y calificó este proceso de reforma como "necesario" por dos motivos fundamentales: el fuerte crecimiento de la Universidad española en los últimos años, que ha desbordado las previsiones y el marco de la LRU de 1983, y el cambio de las actuales condiciones del sistema universitario español, cuya situación es muy distinta a la existente en 1983 y que "aún lo será más si observamos las tendencias del próximo siglo y los nuevos retos de futuro planteados".

El ministro de Educación y Cultura señaló asimismo que le corresponde al Gobierno preparar un proyecto de reforma en el que articulen y coordinen las competencias del propio Estado, de las Comunidades Autónomas y de las propias universidades, y que esa nueva norma "debe tener la flexibilidad suficiente para permitir la diferenciación y la diversidad en las políticas que quiera desarrollar cada Comunidad Autónoma y cada universidad, que han de estar guiadas por los principios de calidad, rendimiento, diversidad y servicio público a la sociedad".

"Lo que debe hacer el Estado -precisó Rajoy- es asegurar el cumplimiento de las funciones que le atribuye en exclusiva la Constitución en materia de orientación general y coordinación del sistema universitario".

"La situación no es catastrófica"

Por su parte, los rectores de las universidades españolas expresaron al término del Encuentro su acuerdo con la modificación de la LRU, pero matizaron que, a su juicio, no existe la necesidad de que se introduzcan "cambios radicales" en la nueva norma, ya que la situación de la Universidad española "no es catastrófica".

El secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega, significó en el transcurso de su comparecencia ante los medios de comunicación en la jornada de clausura del Encuentro que "en las reuniones ha quedado clara la necesidad de reformar la LRU, porque las demandas de la sociedad a la Universidad han cambiado mucho desde su aprobación en 1983", y que esa reforma debe hacerse "desde el consenso y tiene que conservar lo bueno que hay, sin cambios demasiado profundos, pues la Universidad española es razonablemente buena y ha cumplido razonablemente bien sus funciones en los últimos 16 años".

Según resaltó Ortega, "nadie ha cuestionado en el encuentro la autonomía universitaria, un asunto que ya no se considera objeto de debate, aunque sí se ha hecho hincapié en que la nueva norma debe dejar bien sentadas cuáles son las funciones del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Universidad, además de establecer mecanismos de coordinación entre esos tres pilares".

Tras señalar que en el Encuentro, además, se ha puesto un énfasis especial en que "la Universidad debe rendir cuentas de lo que hace a la sociedad y a los gobiernos que la financian", el secretario general del Consejo de Universidades expresó la consideración formulada en las reuniones respecto a que "la nueva ley debe propiciar la flexibilidad, la desregulación y la diversidad del sistema universitario español, propiciando de ese modo la competencia y dando entrada a algunos de los rasgos del mercado en la Universidad".

Asimismo, Vicente Ortega indicó que, tal y como se recoge en los contenidos del informe sobre los Organos de Gobierno de la Universidad presentado en el desarrollo del Encuentro, "la mayoría de los rectores consideran que los órganos de gobierno unipersonales deben asumir más funciones y responsabilidades, en detrimento de los órganos colegiados, y que tienen que ser elegidos por la comunidad académica".

"No obstante -añadió Ortega- nadie ha cuestionado la participación externa de la sociedad en el gobierno de la Universidad, aunque se ha planteado la necesidad de revisar las funciones y la estructura de los Consejos Sociales".

Por su parte, los representantes de los distintos partidos políticos participantes en el Encuentro plantearon como objetivos a contemplar en la nueva norma "la flexibilización de la Universidad y la consecución de una gestión eficaz y transparente del sistema universitario español".

 


Celebración en Santan- der del Encuentro "Sistemas de gobierno de las uni- versidades españolas: situación actual y perspectivas de futuro"
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