El Defensor del Pueblo denuncia
la falta de plazas en
algunos niveles y enseñanzas

El Informe 1998 revela deficiencias en transporte
escolar y en admisión de alumnos
El Defensor del Pueblo en su informe 1998 pone de manifiesto el déficit de plazas en algunos niveles y modalidades educativos. También revela deficiencias en transporte escolar y en la admisión de alumnos en centros públicos. Asimismo, demanda una mayor protección a las familias numerosas y a minusválidos.

Madrid. ROSAURA CALLEJA
Según se desprende del informe 1998, que el Defensor del Pueblo ha remitido a las Cortes Generales, las quejas sobre los servicios educativos plantean la necesidad de eliminar los déficit de plazas que aún se producen niveles educativos, como educación infantil, o en poblaciones o barrios con un intenso desarrollo urbanístico. Esta carencia también se presenta en determinadas enseñanzas y modalidades educativas, como la oferta de programas de garantía social y en enseñanzas de régimen especial, como música e idiomas.

Por otra parte, este informe recoge que la escolarización de alumnos de primer ciclo de secundaria en centros de primaria no debe perder el carácter de medida excepcional y transitoria, sólo admisible temporalmente en el curso del proceso de implantación del nuevo sistema educativo, ni puede excusar el cumplimiento riguroso de todos los requisitos exigibles a los centros, a su profesorado y a la oferta de enseñanzas.

Jornada escolar

Tampoco la demanda social de implantación de un determinado tipo de jornada escolar debe prevalecer sobre las razones estrictamente pedagógicas y educativas que aconsejen la elección de un tipo concreto entre los varios posibles.

A pesar de que el Defensor del Pueblo ha reclamado reiteradamente una nueva norma reguladora del transporte escolar, este informe denuncia que aún no se ha aprobado una normativa que mejore la seguridad del transporte de menores y que adecúe este servicio a las necesidades del sistema educativo.

En materia de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, continúan sin resolverse algunas deficiencias, que pusieron de manifiesto anteriores informes y que limitan, o impiden en ocasiones, el libre ejercicio de padres y alumnos de su derecho a la elección de centro. El presente informe reclama como imprescindible una regulación que impida el falseamiento de los datos de domicilio familiar, para aprovechar las ventajas que su proximidad genera en cuanto a la elección de centro y articular un mecanismo que posibilite la toma en consideración de la segunda y sucesivas opciones solicitadas por el alumno, cuando no resulta posible escolarizarle en el centro designado en primera opción.

Sistemas de evaluación

La admisión de estudiantes y los sistemas y mecanismos de evaluación son aspectos que aborda este informe en el ámbito de la enseñanza universitaria. Asimismo, se plantea la necesidad de una mayor protección a las familias numerosas y las personas afectadas por minusvalías. En este sentido, se apuesta por una interpretación generosa y extensiva de las previsiones de gratuidad que recoge la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Según una investigación realizada al efecto, en la práctica totalidad de las universidades públicas las personas afectadas por minusvalía no gozan de este beneficio.

La homologación de títulos extranjeros de enseñanza superior continúa experimentando retrasos, que se centran especialmente en el trámite de emisión de informe por parte del Consejo de Universidades.

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