Este año se vislumbra como el de las grandes reformas educativas en Italia. Desde la concesión de mayor autonomía a las regiones hasta la prolongación de la escolaridad obligatoria, prácticamente no hay ningún tema que escape a las ansias reformistas del nuevo gobierno. Pero el más acuciante es la reforma del bachillerato y de la maturità.

El nuevo curso académico empezó, aún bajo el Gobierno de Romano Prodi, con la puesta en práctica de un nuevo examen del Bachillerato, una reforma que había sido prevista para el año anterior y que fue finalmente retrasada. El actual Bachillerato, denominado "experimental", llevaba más de treinta años experimentándose, si así puede decirse, puesto que fue introducido en 1969. En realidad, el núcleo de la reforma gira alrededor de un nuevo examen de fin de estudios, o sea, una reválida o maturità, como allí se le denomina. Cuando se concibió, el nuevo examen debía aplicarse tan sólo a dos materias por escrito y a otras dos en forma oral; estas dos últimas quedaban sujetas a la elección de los alumnos. Pero este sistema ha sido criticado cada vez con mayor fuerza. No sólo se le considera demasiado fácil, sino que provoca que los estudiantes pierdan prácticamente cualquier interés por las restantes materias que se enseñan en la Enseñanza Secundaria Superior, sin olvidar la frustración que esto llega a provocar entre los docentes que imparten estas otras materias.

La reforma en curso prevé, por encima de todo, corregir esta impresión de extrema facilidad. Para ministro de Educación se trata de una obligación puesto que, según él, el examen final de la maturità, una vez revisado y corregido, puede llevar por fin a Italia a conseguir niveles académicos más homologables con el resto de Europa. El nuevo sistema prevé que los estudiantes se enfrenten a tres pruebas escritas y a una entrevista oral sobre el conjunto de todas las asignaturas estudiadas.

El papel que se le otorga a la lengua italiana es, en esta nueva formulación, cada vez mayor. A su alrededor gira la primera prueba a la que el candidato puede dar la forma de un ensayo personal, de una recesión o, incluso, de un artículo periodístico. La segunda prueba, que es la correspondiente a la orientación específica o especialidad escogida por el alumno, no se debe modificar. En cambio, la tercera prueba concentra la atención de todo el mundo. Se espera de ella que permita "verificar la preparación obtenida en el conjunto de las materias", pero de forma que presente "una aproximación práctica, real, a partir de casos precisos y profesionales". Los docentes consideran que esta definición es excesivamente vaga y el Ministerio de Educación dispone hasta el mes de junio próximo para determinar en qué debe consistir el examen, de forma que no se plantee de forma descontrolada. El Ministerio se ha visto obligado a reconocer que ha dado instrucciones a las comisiones de trabajo de no ser excesivamente duras en esta primera ocasión y plantear una prueba que sea fácilmente comprensible.

Los exámenes orales, que son muy tradicionales en la escuela italiana, deberán ser también objeto de reforma a lo largo de este año. A estos efectos, el candidato podrá proponer un tema que puede llegar a desarrollar bajo una formato multimedia, pero además deberá pasar igualmente un examen de conocimientos mucho más clásico delante de un tribunal compuesto no sólo por profesores de su propio instituto; por lo menos la mitad de los miembros del tribunal, incluido su presidente, deberán provenir del exterior del centro.

El sistema de calificación también ha cambiado. Antes la escalada era de 60 puntos y ahora pasa a ser de 100: 45 puntos para el examen escrito, 35 para el examen oral y los restantes 20 para el denominado "escoger uno de formación", que debe permitir tomar en cuenta el conjunto del itinerario escolar del candidato. El nuevo sistema debería ser especialmente atractivo para los buenos estudiantes puesto que si consiguen una media superior a ocho, sobre diez, podrán ser autorizados a examinarse un año antes de finalizar los estudios y, si consiguen pasar el examen, ganarán por consiguiente un año escolar.

Los debates acerca de la prueba han hecho quedar en segundo plano todas las restantes novedades de un curso especialmente denso en innovaciones. Quizás la más significativa políticamente sea la propuesta de prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los quince años de edad, ya aprobada por el Parlamento italiano, la introducción de una carta de derechos y deberes del estudiante, que viene a reemplazar un decreto real que databa de 1925 pero todavía en vigor, y el refuerzo de la autonomía de los centros escolares.

Sobre este último aspecto el pasado año se aprobó una ley que dejaba en manos de las escuelas una mayor responsabilidad en materia de organización interna, de desarrollo curricular y, en general, en todos los aspectos relacionados con la vida escolar. Esto supuso una verdadera revolución en un país donde la centralización regía los destinos de las escuelas, singularmente de la Enseñanza Primaria. Sólo por citar un ejemplo, antes de la aprobación de la ley la autorización para que un centro participara en un concurso nacional artístico debía solicitarse directamente al Ministerio. En la nueva situación, al Ministerio sólo le corresponderá la fijación de los horarios de trabajo de los docentes y las horas lectivas mínimas indispensables de las materias consideradas fundamentales. En todo lo restante se deja el camino libre a la experimentación. Cada centro escolar podrá organizar su horario de acuerdo con su propio proyecto docente. Así, por ejemplo, podrá optar por introducir la denominada "semana corta", sin que el sábado sea lectivo, modificar libremente el calendario de vacaciones, abrir por la tarde para ofrecer servicios docentes complementarios, incluyendo la posibilidad de impartir asignaturas nuevas como informática o una segunda lengua extranjera. El Ministerio ofreció una dotación inicial de 500 millardos de liras para la experimentación de distintos proyectos en esta línea. Las preocupaciones con que el nuevo Gobierno ha tomado el relevo, a pesar de que el ministro continúa siendo el mismo, son muchas. La inestabilidad política, que parece proverbial en Italia, no afectará esta vez a la continuidad de los proyectos de reforma ni tampoco a las líneas de actuación que ya se habían adoptado como prioritarias al empezar el presente curso. Destacan entre ellas los programas de atención especializada para el 1% de la población escolar que son hijos de emigrantes extranjeros y los programas de informatización de centros para convertir la informática en un instrumento de trabajo tanto para los profesores como para los alumnos, aunque esto último no debe tomarse como un indicio de que las nuevas tecnologías no se encuentren incorporadas en las aulas italianas. Más bien al contrario, a principios de curso el Ministerio dio a conocer un reglamento específico sobre el uso de los teléfonos portátiles en los centros escolares: su popularidad tanto entre los profesores como entre los alumnos de Enseñanza Secundaria es tan alta que su presencia ha empezado a dificultar el normal desarrollo de las clases. Por supuesto, su funcionamiento está terminantemente prohibido durante las sesiones de examen de la maturità.

El inicio del nuevo Gobierno en materia de educación ha sido algo movido. Para empezar, el antiguo Ministerio de Educación y Universidades se ha dividido en dos: por una parte, el ministerio propiamente escolar y, por otra, el ministerio de universidades e investigación. Al frente del primero continúa estando el anterior ministro, Luigi Berlinguer, de orientación post-comunista y próximo al nuevo primer ministro. En el segundo, los centristas han conseguido colocar a su candidato. Pero para llegar aquí, como es habitual en la escena política italiana, ha habido que trabajar mucho entre pasillos. Las maniobras del antiguo presidente Francesco Cossiga, un cristiano-demócrata muy veterano, parecían colocar en lugar del actual ministro a un filósofo católico, Rocco Buttiglione, fumador empedernido y, al parecer, gran amigo personal del Papa. Este último candidato empezó a conceder entrevistas como si ya hubiera tomado posesión. Incluso llegó a formular cuál sería su principal prioridad: la paridad entre escuelas públicas y escuelas católicas. Pero afirmar esto no sólo significaba declarar la guerra a un sector importante del nuevo Gobierno, la izquierda, sino además poner en crisis la Constitución italiana, puesto que en ella se afirma que las escuelas privadas pueden funcionar a condición de que no constituyan ninguna carga financiera para el Estado. De hecho, las escuelas católicas parecen estar atravesando en Italia una crisis financiera, tal y como lo demuestra el hecho de que el propio Papa se haya manifestado en más de una ocasión en favor de una nueva legislación que permitiera a las escuelas católicas seguir funcionando, sobre la base de una aportación de fondos públicos en forma de subvención estatal. Finalmente, el presidente del Gobierno optó por mantener en su puesto al anterior ministro, Berlinguer, quien inmediatamente después de tomar posesión tuvo que afirmar "la paridad no está entre nuestras prioridades", para añadir inmediatamente que, de todos modos, el gobierno tendría que "examinar la cuestión del estatuto de las escuelas privadas" en un futuro muy próximo. A decir verdad, el ministro parece más preocupado por la reforma estructural y de los contenidos de la enseñanza que por las relaciones con el sector privado y con la Iglesia católica, en particular.

El Gobierno pretende conceder una mayor autonomía a las regiones y prolongar la escolaridad obligatoria